Le planteó a Zanini la necesidad de la intervención presidencial ante el desacuerdo que surgió con la ministra Giorgi.
En el diálogo con el funcionario de la presidencia, se manifestó el claro desacuerdo por los principales puntos para la firma del convenio de instrumentación del decreto N° 699, donde se cuestiona al Ministerio de Industria como autoridad de aplicación de la norma, el exiguo cupo fiscal y beneficios insuficientes para atraer o retener las inversiones del Parque Industrial.
Asimismo se sumó la inquietud que mantiene en vilo a gobiernos y empresas de la región generada por un inminente fallo de la Corte Suprema de la Nación, ante una apelación de la AFIP, en un caso en el que una empresa radicada en la provincia de San Luis solicitó la actualización de valores de los bonos de crédito fiscal, desvalorizados desde la salida del régimen de convertibilidad.
El legislador nacional precisó que, en primer término, el gobernador expresó su preocupación por un fallo de la Procuración General de la Nación contra una empresa de la provincia de San Luis, a partir de una apelación efectuada por la AFIP, ante la presentación de la empresa ante la Justicia para que se le actualicen los bonos de crédito fiscal, concedidos bajo el régimen de convertibilidad (1 peso = 1 dolar) y tras la devaluación, de 2002, no fueron equiparados nuevamente, lo que modificó la ecuación bajo la que trabajaban las empresas.
La inquietud del mandatario provincial obedece a que esa misma presentación fue efectuada por diferentes empresas de la provincia de La Rioja ante la Justicia Federal riojana, donde se obtuvo un fallo favorable en primera instancia y de darse una situación similar a la apelación de la AFIP ante la Corte Suprema de la Nación, se estarían afectando seriamente los derechos de las empresas y los trabajadores, no tan sólo de la Provincia, sino de la región.
Por eso se puso en conocimiento al Secretario Legal y Técnico de la presidencia sobre esta situación, para que incluso en el caso que se generalice y se rechace desde la Justicia lo planteado por las empresas, se pueda alcanzar una solución política, "que sería lo justo".
Prórroga
Yoma destacó que el otro tema de la reunión, planteado por el gobernador Beder Herrera, fue la necesidad de reabrir las discusiones para la elaboración del convenio que permita poner en práctica el decreto presidencial N° 699, de prórroga de la Promoción Industrial.
El diputado nacional expresó que el Gobernador se mostró muy firme en su decisión de no firmarlo en las actuales condiciones que establece el Ministerio de Industria de la Nación, porque altera el espíritu y la letra del decreto firmado por la Presidenta y por eso se pretende recomenzar las negociaciones, pero directamente en el seno de la Presidencia de la Nación. La idea es convocar a los equipos técnicos de la provincia para que se reúnan con sus pares nacionales y se avance definitivamente en la redacción del convenio.
Jorge Yoma explicó que el primer problema es que se pondría como autoridad de aplicación del régimen al Ministerio de Industria de la Nación, lo que obligaría a las provincias nuevamente a peregrinar por la burocracia del Estado Nacional en busca de un beneficio que está generado por el decreto presidencial.
Además, los otros puntos en desacuerdo son los incentivos fiscales, que son insuficientes para atraer nuevas inversiones, tanto para las empresas que quieran ampliar sus plantas como para las que quieran llegar a la Provincia, como la desgravación impositiva sobre el 40 por ciento de la masa salarial de las empresas y también se reclama por un cupo fiscal que hoy es muy exiguo.


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