El ex procurador general de la Nación Nicolás Becerra declaró como testigo a través de videoconferencia en el juicio político contra el camarista federal suspendido Otilio Romano y aseguró: "El que haya colaborado con la dictadura tiene que pagar. No me interesa quién sea, cómo se llame o lo que haya hecho".

"En esto soy insobornable", resaltó de manera enfática.

Las palabras de Becerra sorprendieron, ya que se estimaba que, por ser un testigo propuesto por la defensa de Romano, su testimonio iba a apuntar a defender al camarista.

Sin embargo, el vicepresidente de Independiente Rivadavia afirmó: "A mí me citaron como testigo, no sé si de la parte de Romano o no, y yo vine".

Durante su declaración, Becerra sólo respondió a una serie de preguntas hechas por la defensa del camarista. Además, despejó algunas dudas planteadas por miembros de Jury, pero no más que eso.

Su testimonio se basó, específicamente, en cuestiones puntuales sobre el funcionamiento del Ministerio Público durante la última dictadura militar.

La declaración de Becerra pudo ser presenciada luego de una serie de idas y venidas en la Cámara Federal de Mendoza. En principio, el presidente del tribunal, Alfredo López Cuitiño, manifestó a través de sus secretarias que, independiente del estado público del proceso, en Mendoza la declaración iba a hacerse en privado.

El camarista recibió en su despacho a Becerra y, recién luego de una presentación por escrito hecha por periodistas para que justificara por qué prohibía el acceso del público a la videoconferencia, decidió habilitar la sala.

Becerra dedicó gran parte de su declaración para contar situaciones personales ocurridas en los años de plomo. Habló del exilio de su hermana, de los aprietes que recibió por parte de las autoridades militares por ser un abogado vinculado con el PJ, y de lo mal que lo pasó cuando fue detenido. "Fue tremendo. Me cortaron el pelo, una vejación tremenda", comentó, luego en una improvisada rueda de prensa.

Sobre la fuga de Romano a Chile, Becerra indicó: "No está bien. Toda persona que está sometida a un proceso judicial, no se puede fugar; no conozco a fondo el caso de Romano, pero comprendo que, tratándose de un juez, tiene una connotación política importante".

En su exposición recordó que en 1998, mientras era procurador, fue el primero en sacar un dictamen en contra de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Casualmente, una de las causas que complica a Romano es la vinculada con el robo del bebé de una pareja de desaparecidos durante la última dictadura militar. Se trata de la hija del matrimonio de Alfredo Manrique y Laura Terrera, secuestrados por un grupo de tareas el 24 de julio de 1977 cerca de la Terminal de Ómnibus.

Esa investigación fue cerrada por la Justicia federal de Mendoza en 1987, basándose en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero estas normas, actualmente derogadas, excluían los hechos vinculados con la sustracción de menores y el posterior robo de la identidad.

Sobre este caso, Becerra sostuvo: "La sustracción de un bebé es un crimen de lesa humanidad, entonces la causa no se debería haber archivado".