Esta es, en definitiva, la pelea de fondo entre el oficialismo y la oposición: quién maneja la agenda parlamentaria, que hoy domina buena parte de la escena política. La oposición se hizo fuerte en el Congreso, pero el Gobierno maneja los resortes estratégicos y los recursos de la administración, y con ellos procura neutralizar cada ofensiva opositora. Por ejemplo, en los últimos tres meses anunció un programa de desendeudamiento de las provincias por medio del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); la suba del 20% del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y, el último, un aumento del 16,9% en las jubilaciones.

El Gobierno se vio forzado a adoptar estas medidas a sabiendas de que la oposición, en el Congreso, se encaminaba a la aprobación de una serie de iniciativas en similar sentido.

Pero la pelea no terminó aquí; muy por el contrario, los opositores, que aseguran que esos anuncios presidenciales se quedan a mitad de camino, van por más y esta semana insistirán en instaurar el 82% móvil a las jubilación mínima, como también avanzarán en un nuevo esquema de reparto de los ATN, que incluya también a las provincias no endeudadas, que el Gobierno excluyó de su programa. Asimismo, insistirá en una mayor suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

Disputa en comisión

Todos estos temas se discutirán este miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, luego de que la oposición obligara al oficialismo, a fuerza de votos, a convocarla.

El oficialismo no se amilana y dará la batalla. Su último recurso será el veto presidencial, si la oposición tiene éxito en su embestida parlamentaria. Acusará a sus rivales de pretender desestabilizar las arcas fiscales cuando el Gobierno, con sus anuncios, ya ofreció todo lo que podía dar, por lo que sostendrá que un eventual veto estará más que justificado.

El veto presidencial, más que una derrota, será visto como un éxito para la oposición, convencida de que el Gobierno pagará un costo político por ello. Pero no todas son flores en el camino opositor; los bloques parlamentarios tienen por delante desafíos complicados, de difícil acuerdo, y que serán los temas dominantes en el segundo semestre de este año. Dos de ellos serán predominantes: las facultades delegadas al Poder Ejecutivo que caducarán el 24 del mes próximo -retenciones al campo incluidas- y el proyecto de presupuesto 2012, que ingresará en el Congreso a mediados de septiembre.

Esas dos leyes definirán cuáles serán los límites de la oposición, hasta qué punto sería capaz de acorralar al Gobierno. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si los opositores rechazaran el presupuesto nacional o si dejaran al Poder Ejecutivo sin delegaciones legislativas esenciales para el normal desarrollo de la gestión?

La oposición intuye la complejidad de lo que se viene. Pero, por ahora, se concentra en el aquí y el ahora: senadores y diputados opositores se reunirán mañana para definir la agenda económica (ATN, jubilaciones, mínimo no imponible), como también una serie de iniciativas de índole institucional que quedaron pendientes antes del receso legislativo.

En carpeta figuran una nueva ley de acceso a la información y de publicidad oficial; la creación de tres comisiones investigadoras (obra pública, exportaciones agropecuarias y deuda pública); la reestructuración del Indec y de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

La oposición no quiere ceder la iniciativa. El oficialismo no quiere regalársela. Es más que una pelea por la agenda parlamentaria; es una pelea por el poder.