Hay grave peligro de contaminación del agua. Al lado del predio, corre acequia que desemboca en el río Lules, afluente del Salí.
Al respecto, trascendió que el intendente de dicha localidad tucumana, Luis Armando Espeche, habría ordenado que se depositaran los residuos sólidos urbanos. En tal sentido, el legislador tucumano, Ariel García, radicó una denuncia penal, junto con el concejal Jorge Sebastián Salazar, por considerar que “se trata de un delito gravísimo, porque pone en juego la salud de las personas que están en la zona de influencia de este basural a cielo abierto”, sostuvo García.
Su afectación a la cuenca
El parlamentario tucumano subrayó que “la falta de habilitación del lugar y tratamiento de esos residuos pone en peligro a una gran cantidad de tucumanos con la contaminación del aire, a través de las partículas que quedan suspendidas y las napas, por los líquidos que elimina la basura que se arroja allí y que contaminan las napas y el agua que consumen animales y personas”, subrayó.
Agregó además que “el peligro de contaminación del agua es real, porque al lado del predio corre una acequia, que desemboca a apenas doscientos metros en el río Lules, que es un afluente de la cuenca Salí Dulce. El Gobierno tiene que hacerse cargo de semejante daño”, reclamó el funcionario.
El patrocinio de la causa es realizado por la abogada Lía López, quien redactó la presentación que realizaron los dos funcionarios legislativos. García, quien se destaca por su interés en los problemas ambientales, consideró que “los responsables de garantizar el bien común están mirando para otro lado, sin interesarles que sus propios representados salgan perjudicados”.
Asimismo, agregó que “el basural se encuentra a escasos metros de la vivienda de los dueños del predio, quienes juntos a sus hijos tienen que tolerar los olores nauseabundos y el peligro latente de contraer enfermedades”, sostuvo con preocupación en relación a posibles enfermedades que pueden presentar los pobladores que viven en cercanías a este importante basural .
Ante esta situación, García expresó que “no puede ser que funcionarios sigan involucrándose en cuestiones ambientales, porque se trata de un delito gravísimo. Queremos ver el informe ambiental para que este predio sea autorizado para funcionar de este modo tan negligente”.
Por último, afirmó: “Confiamos en la Justicia Federal porque hemos realizado presentaciones que siguen el curso de investigación y hay causas similares en las que intendentes fueron procesados y en otros casos recibieron condenas por el delito ambiental”, puntualizó.


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