Alrededor de 20 winifredenses se concentraron el martes a la noche en las escalinatas del Juzgado de Paz de esta localidad para decirle basta al machismo judicial. La mayoría estaban vestidas de negro y todas encendieron velas en homenaje a las mujeres que murieron víctimas de la violencia de género.
Señaló que todos los años se perpetran 200 femicidios en el país y la mayoría de los casos tienen un denominador común: las víctimas radicaron varias denuncias contra sus agresores, pero encontraron como respuesta desidia en el procedimiento, desconfianza y malos tratos hacia las denunciantes.
"Las mujeres maltratadas muchas veces no radican denuncias porque en las comisarías y juzgados se las revictimiza y cuando el sistema judicial da alguna respuesta las sentencias son mínimas, los maltratadores son rápidamente liberados y la mujer denunciante vuelve a quedar desprotegida y a merced de su agresor, situación que tiene un final predecible para ella: la muerte".
Reclamo.
Más adelante, Assel afirmó: "Padecemos un Poder Judicial machista y patriarcal en el que las mujeres no somos respetadas ni siquiera cuando formamos parte de él. La violencia de género y la discriminación son parte del sistema mismo, por eso, muchos jueces y juezas no aplican la Ley 26485 de Protección Integral Para Erradicar la Violencia de Género".
Ante este panorama "exigimos a la Justicia que escuche a las víctimas de la violencia, que se deje de hablar de emoción violenta o crimen pasional y entienda que cuando deja violentos impunes alienta a que éstos perduren en esa conducta".
Assel y las mujeres presentes, entre ellas la jueza de Paz local, Lorena Clara, y la intendenta Marta Berg, repudiaron dos fallos judiciales, uno dictado en Buenos Aires que rebajó la pena del asesino de Wanda Tadei aplicando el atenuante de emoción violenta; y otro de un tribunal pampeano que permitió el advenimiento -figura que fue derogada este año por el Congreso Nacional- en el caso Carla Figueroa, quien finalmente fue asesinada por su pareja en General Pico.
Además cuestionaron a un juez de Menores de la ciudad capital que autorizó a colocarle un DIU a una niña de 11 años y a los médicos o médicas que llevaron adelante esa práctica. "Tranquilamente podrían haber realizado una objeción de conciencia. Lo que hicieron fue una aberración", sostuvieron.
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