Finalmente la Sala IV de la Cámara Civil y Comercial hizo lugar a la Acción de Amparo Ambiental presentada por María del Carmen Casimi, vecina del barrio Libertad, contra la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), que denunció, junto a otros habitantes de la zona, los efectos cancerígenos de dos transformadores ubicados en inmediaciones y que según los habitantes, provocaron la muerte de al menos 40 personas en los últimos cinco años.

La mujer, que vive en Roca y Rivadavia, frente a uno de los transformadores, contó a época que fue víctima de un cáncer de mamas. “No fui la única, falleció una pareja de abuelos que vivían debajo del transformador, un vecino de la otra cuadra, un joven músico, fueron más de 40”, dijo la Casimi.

Junto a ella, Vicente Acosta, abogado que vive al lado de su vivienda, sostuvo a su vez que las personas afectadas padecieron cáncer de colon, hígado, pulmón, intestino y garganta. “Pero a pesar de ello, no todos se prestaban a brindar testimonio porque era un tema muy complicado. Acá vinieron a extraer muestras del suelo, y a los 20 días de realizadas las denuncias cambiaron el transformador, pero los cortocircuitos continúan”, aseguró.

En ese contexto, la Cámara Civil y Comercial dispuso un plazo de 180 días para que la entidad materialice el traslado de los transformadores ubicados en las esquinas de las calles Belgrano y Perú (SET 138) y Rivadavia y Roca (SET 110). Ordenó a su vez que sea en un radio de no menos de 50 metros del lugar donde actualmente se encuentran emplazados y reemplazarlos por otros de fabricación posterior al año 2005.

Por su parte, fuentes oficiales de la DPEC indicaron a época que con antelación al 2010, el organismo fue monitoreado por técnicos de la Universidad Tecnológica de Tucumán, casa de estudios designadas para el control de uso de PCB, líquido refrigerante con el que operan algunos aparatos.

Consignó que especialistas analizaron “todos los transformadores de la provincia” para establecer si el PCB se encontraba dentro de los límites establecidos por Ley Nº25.670 -de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación del producto. “Generalmente se utilizan para las conexiones subterráneas y acá todas son aéreas”, precisó.

Finalmente la Justicia no sólo hizo lugar al recurso presentado por los vecinos, también “solicitó al Ejecutivo provincial que, por medio del Ministerio de Salud Pública de la Provincia o la repartición que considere adecuada, realice un mapa sociodemográfico y encuesta de factores ambientales de riesgo de la zona en que se encuentran los transformadores en relación a enfermedades de origen cancerígeno”, reza un informe dado a conocer a través de la página web del Poder Judicial de Corrientes.

Desde Provincia cuestionaron la veracidad de las pruebas

En virtud de un proceso judicial que concluyó con el pronunciamiento a favor de vecinos del barrio Libertad que presentaron un recurso de Amparo Ambiental por efectos nocivos de Transformadores emplazados en la zona, desde DPEC alegaron que los aparatos no operaban en “forma pura” con un líquido actualmente regulado por Ley Nacional Nº25.670.

En su defensa, el Estado provincial resaltó las medidas tomadas acerca del uso de PCB en los transformadores y concretamente señaló que ninguno de los instalados en el barrio Libertad poseía esa sustancia en forma pura. Agregaron a su vez que “no poseían pérdidas, no sufrieron explosiones y no fueron objeto de ningún otro acontecimiento que provocara el escape de su contenido; por ende, no había en la zona posibilidad de contaminación o riesgo ambiental. Por su parte la DPEC sostuvo que no se probó el daño invocado; cuestionando la veracidad y autenticidad de la prueba documental por una vecina”.

La Cámara analizó la ausencia de estudios interlaboratorios

Por su parte, Carlos Rodríguez a cargo de la Sala IV de la Cámara en lo Civil y Comercial, se refirió a los análisis de laboratorio a los cuales se sometieron a los transformadores de la provincia e indicó que los mismos, “no se realizaron acorde a lo establecido por normativa”.

Sostuvo que no se llevaron a cabo “mediante ensayos interlaboratorios organizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), como lo prescribe el Anexo I de Reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCB; Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº853/2007 del 04-07-2007.

Y los resultados del laboratorio que los efectuó presentaban contradicciones.

Merituó también testimonios como el del interventor de la DPEC, Vicente Parisi, quien admitió que “el transformador puede perder líquido por las juntas” y -sobre las causas del derrame de líquidos de los equipos- reconoció que los tapones “no tenían un cierre perfecto”.