Los vecinos pertenecientes al llamado Barrio Coca Cola, que abarcan los complejos, Autónomos Monte Grande I y II, Docentes y el complejo Vitún, han informado sobre “incompatibilidades” entre lo establecido por el legislativo local echeverriano en en el mes de febrero de 2010 y una demanda de la actual comisión administrativa que en julio pasado aprobó en sesión extraordinaria “un proyecto para la continuidad de la construcción para finalizar el objeto social”. En este sentido, los vecinos denunciaron que han "sido intimados a pagar 60 cuotas más (hasta completar las 185 totales) de un monto inicial de 430 pesos" a pagar a partir de este mes de septiembre, pese a que actualmente y por decisión del legislativo local la obra está paralizada en forma permanente, en tanto no se zanje la cuestión de la regularización dominial.

“En las reuniones, hemos comprobado que lo que buscan es enfrentar a los vecinos que tienen el departamento con los que no lo tienen, culpa de la estafa ocurrida que es de público conocimiento. Primero de la municipalidad nos dicen que no se va a construir más, que se van a hacer los planos, que hay un proceso legal como de tres años y por otro lado nos intiman a pagar por parte de la administración. Es una locura”, relató una vecina del complejo.

Cabe destacar que desde el área de Tierras municipal se está llevando adelante desde comienzos de año un intenso trabajo en reuniones para la adhesión de los vecinos del Barrio para la regularización dominial a través de la “ingeniería jurídica” emprendida que permitiría que los vecinos se coloquen bajo un paraguas judicial para reclamar sus derechos sobre la tierra al cumplirse veinte años de la construcción del complejo, en un proceso que llevaría tres años aproximadamente.

En este marco, el titular de Tierras Municipal, Gustavo Cañete, destacó que “la mayoría de los vecinos ve con buenos ojos la medida avalada primeramente por el Deliberante y luego emprendida por el municipio”, en relación a lo expuesto por la Comisión vecinal, el funcionario sostuvo que el municipio “no avalará” la continuidad de las obras de construcción en tanto no se establezcan los planos correspondientes: “el municipio no va a intervenir en una cuestión privada que dirimirá la Justicia, pero en tanto no estén los planos de las tierras no se convalidarán las mismas irregularidades que se cometieron veinte años atrás”, sostuvo Cañete quien reafirmó que si bien no hay intervención en el orden particular por parte del municipio, “si no se puede construir no sé cómo se puede cobrar para construir”, señaló.

Por otra parte aseguró que el proceso de regularización “está vigente” y que se están instrumentando “todas las herramientas para dar respuesta a los vecinos”. “Hay que tener en cuenta que esto (la construcción del barrio) fue cimentado sobre una desprolijidad enorme teniendo en cuenta que construyeron sin planos, sin autorización municipal, a partir de esto tomamos intervención con el fin de garantizar a las personas que tienen su propiedad dentro del Barrio Coca Cola, que puedan tener su respectiva escritura”, aseguró el funcionario.