Las viviendas del Plan Dignidad estuvieron paralizadas durante años, y aún no están terminadas. La ONG encargada de la construcción pasó largos períodos en un proceso de reestimación de costos, debido a los aumentos registrados en los materiales y la mano de obra desde que el precio fue convenido.

Todo el mundo sabía que detrás de estas acciones estaban los hermanos Trujillo, líderes de la UOCRA, que ya estaban en la mira de la justicia por un desfalco cometido en la construcción de un plan de viviendas en Miramar, con el cual jamás cumplieron.

Después del episodio de Miramar, César y Jorge Trujillo formaron esa ONG llamada Trabajar, con la cual volvieron a administrar dinero proveniente del Estado, esta vez para la construcción del plan de viviendas Dignidad.

El abogado Andrés Barbieri presentó una denuncia penal por la cual solicita que se investigue de una vez a los miembros de la comisión directiva de la asociación civil, a los funcionarios de la Municipalidad de General Pueyrredon que no cumplieron con sus obligaciones, a los responsables del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, y de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Estos últimos fueron quienes financiaron el programa Dignidad, que tenía la finalidad de construir unidades habitacionales para eliminar las viviendas insalubres asentadas en los cordones suburbanos.

Barbieri considera que se han cometido varios delitos de acción pública en perjuicio del Estado nacional y el provincial, y también de los futuros adjudicatarios. Relata el letrado que el mencionado programa fue proyectado como un mecanismo de acceso a la vivienda para personas de escasos recursos, que implicaría a la vez un mecanismo de creación de empleo. El Instituto financiaría el emprendimiento, controlaría y dirigiría a la entidad intermedia Trabajar. La municipalidad sería quien prestaría el apoyo logístico, técnico y organizativo, en tanto que la asociación civil Trabajar se encargaría de promover el emprendimiento, y cumplir las órdenes impartidas por el Instituto.

En la resolución 2260 quedó claramente fijado que el dinero para las obras era aportado por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, pero la entidad Trabajar se comprometía a reintegrarlo en un plazo de 360 meses, contados a partir de la terminación de la obra, sumando un interés del 1% anual. Esto significa que las viviendas deberían ser pagadas por los futuros adjudicatarios.

Por su parte, la asociación civil Trabajar asumió la obligación de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, conservar la documentación de los gastos, rendir cuentas e informar a la autoridad sobre el avance y finalización de cada una de las etapas previstas en el plan, así como de toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto. Trabajar debía recibir inspecciones, y prestar la más amplia colaboración para el seguimiento de su desarrollo.

Pero sucedió que jamás hubo por parte del parte del Estado provincial un control del proyecto, como lo exigía el convenio. Tampoco las autoridades del Instituto de la Vivienda observaron la ejecución de las obras, ni la efectiva aplicación de los fondos asignados al proyecto.

El denunciante asegura que ya hubo desaprensión cuando se autorizó una partida superior a la originalmente presupuestada –más de 19 millones- argumentando mayores costos. Se asignaron fondos públicos que ascienden a $32.406.862, pero todavía las viviendas no han sido terminadas. Es decir que no sólo aparece damnificada la Provincia de Buenos Aires, sino también el Estado Nacional, por tratarse de una malversación de fondos públicos correspondientes al Tesoro nacional.

Esta nueva partida presupuestaria fue asignada sin que las autoridades nacionales hayan tenido la más mínima idea acerca del avance de las obras, porque nunca las autoridades del Instituto de la Vivienda llevaron adelante una inspección integral de la asociación civil Trabajar.

Fuera de orden

Los estatutos constitutivos de Trabajar fijan sus fines. Ha sido creada para promover el progreso laboral, capacitar, realizar acuerdos, solicitar apoyo para la formación de los trabajadores, y demás. Pero en ningún caso se habilita a la entidad para contratar con el Estado, manejar fondos públicos o construir viviendas. Por eso, jamás presentó un balance ni se reinscribió en la Dirección de Personas jurídicas.

A la vez, los funcionarios públicos involucrados concedieron livianamente un préstamo de dinero público a la asociación sin tomar los mínimos recaudos respecto de los antecedentes de sus integrantes, ya que las mismas personas estaban procesadas desde antes en el Juzgado de Garantías 2, imputadas de los delitos de administración fraudulenta, fraude a la administración pública, falsificación de instrumento público, uso de documento público adulterado. Tampoco verificaron si contaban con las garantías y los medios necesarios para afrontar la devolución de los fondos conferidos por el Instituto.

Alguien llamado Pablo Roda, de quien no se sabe exactamente qué función cumpliría dentro de la entidad, cobró directamente del Instituto de la Vivienda anticipos financieros que ascienden a la suma de $23.626.136,49. A tal extremo han llegado las desprolijidades en la asignación de recursos públicos, que la propia Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires señaló: "analizado el presente, se observa la falta de cumplimiento a las normas que exigen la intervención previa de este Organismo y de los Organismo Legales, circunstancia que hace que la decisión adoptada quede bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que suscribe el convenio". Este dictamen se reiteró posteriormente en las sucesivas órdenes de pago.

La primera de ellas, del año 2004, por $1.593.137,62 fue cobrada por Luis Stufano, en tanto las veinticinco siguientes, que van desde esa fecha hasta diciembre de 2006, fueron a manos de Roda.

Por supuesto que las personas de menores recursos son quienes se verán perjudicadas, puesto que son las que deberán devolver el dinero insumido en la construcción de las viviendas. Dice el denunciante –quien fue en la oportunidad abogado de la UOCRA- que un grupo de dirigentes que han pregonado defender los intereses de los que menos tienen, logró dejar en el bolsillo de algunos un presupuesto arbitrariamente incrementado, argumentando que han existido mayores costos.

El delito denunciado no ha cesado de cometerse, porque aún no se han terminado las casas proyectadas: el programa está inconcluso y hace pocos meses las viviendas fueron usurpadas.

Para dar sustento a esta acción judicial que diga por fin quién es quién, se hace necesario saber el importe total de las sumas asignadas al denominado Plan Dignidad, para la construcción de 500 unidades habitacionales en Mar del Plata, que significaría el traslado definitivo de la Villa de Paso. Que se indique quiénes estaban autorizados a percibir los fondos girados, y si los mismos estaban sujetos a una posterior rendición de cuentas.

Hasta el momento, el martes 20 ya se produjeron extensas declaraciones ante el juez Alejandro Castellanos, por parte de los periodistas Carlos Walker y Carlos Vázquez, ambos del periódico Nueva Sierra. Podrían ser esenciales para un futuro esclarecimiento de la causa.

De todos modos, el daño está hecho. Una vez más, son los mismos los que se llevan la plata a un agujero negro. Las casas siguen sin terminar. Y los pobres, en la calle.