El procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, ordenó al fiscal en turno investigar hasta las últimas consecuencias a Gustavo Barrientos, su abogado defensor y a un grupo de integrantes de la barra brava de Patronato por ser posibles responsables de distintos delitos que se ejecutaron en medio de la investigación del crimen de Matías Giménez y las graves lesiones sufridas por Maximiliano Godoy ocurridas 16 días atrás.

El funcionario informó, que “en el devenir de la investigación se han detectado hechos de inusitada irregularidad procesal, que tendrían como artífices al propio acusado, a su letrado defensor y a allegados presuntamente pertenecientes a la hinchada de Patronato”.

“Se ha constatado que un testigo de cargo de la causa penal ha sufrido coacciones para que cambie su exposición original realizada en sede policial, favoreciendo de esa manera a Barrientos. Incluso, este testigo fue llevado a una escribanía donde se le hizo firmar una nueva versión falsa de los hechos”, alertó García, para indicar: “Como si esto no fuese suficiente, se le hizo firmar a este testigo -de escasos conocimientos técnico-jurídicos- una solicitud de hábeas corpus en la que afirma falsamente ser perseguido por autoridades policiales y del Ministerio Público Fiscal para perjudicar al acusado ya referido”.

Alertó que existe una probabilidad rayana en la certeza de que la impresora empleada en el pedido de hábeas corpus es la misma de los escritos de la defensa de Barrientos en la presente causa.

A esta tergiversación de los fines de un proceso penal en un Estado de Derecho, y como broche contextual, se realizó una manifestación frente a Tribunales. Los manifestantes, que se identificaban como pertenecientes a la hinchada de Patronato, instaban por la liberación de Barrientos de modo claramente intimidante.

Ante esto, García reiteró: “La defensa tiene el límite de la legalidad, es decir, no puede anudarse al colectivo ilícito quebrantando lo que se han llamado normas de resguardo, es decir aquellas que garantizan que la afectación a las normas penales que fijan prohibiciones y mandatos enfáticos, puedan investigarse, enjuiciarse y eventualmente sancionarse penalmente. Y esto también atañe al acusado, quien en su estatus de inocencia no está obligado a declarar, ni posee deber de veracidad si lo hace.

Pero tampoco puede franquear la legalidad instigando a la coacción a testigos, a la intimidación pública o a una insólita presión sobre los organismos judiciales, tan es así que, más allá de que puedan constituir nuevos delitos, ello generará la denegatoria de la libertad caucionada.

La lista de los delitos

El procurador hizo saber a través de un comunicado difundido por la parte de Prensa del Superior Tribunal de Justicia, que “ninguna de estas gravísimas ilicitudes pueden ser toleradas en un Estado de Derecho”.

Por ello García instruyó al agente fiscal en turno para que requiera la instrucción formal por los delitos de instigación al falso testimonio, instigación a la falsa denuncia, atentado a la autoridad calificada, intimidación pública o incitación a la violencia colectiva.

De esta manera quedaron en la mira de la investigación el propio acusado del crimen, Barrientos, su abogado Alberto Salvatelli e integrantes de la barra que fueron individualizados por personal policial.