El Concejo analizará incorporar el nuevo canon en la reforma tributaria.
El llamado "impuesto sobre los bienes ociosos" fue diseñado por especialistas de la Universidad Nacional de Río Negro, quienes lo presentaron días atrás al intendente Omar Goye.
El concejal oficialista Alejandro Ramos Mejía también trabajó en la elaboración de la iniciativa, que contaría además con el aval del Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda.
Goye se comprometió a adosarla a su propuesta de nuevas normas fiscales y tarifarias, que estudia el Deliberante.
El nuevo impuesto fue presentado como un recurso que permitiría al municipio no sólo mejorar la recaudación fiscal sino también "potenciar su capacidad para orientar el crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad".
Según lo previsto por el equipo de la UNRN (que dirigió Guillermo Oglietti) el gravamen sería aplicado sobre los lotes baldíos y sobre las construcciones sin uso o en estado de abandono.
El criterio apuntaría a definir montos diferenciados por zonas, con lo cual el municipio podría "ajustar desequilibrios" y desarrollar su política de expansión urbana.
El proyecto aún no ingresó al Concejo y la información difundida hasta ayer, tanto por el Ejecutivo municipal como por la UNRN, no habla de cifras. Pero quienes lo conocen en detalle aseguran que el tributo está pensado para inyectar un aporte considerable a las arcas públicas.
El concepto novedoso es que el municipio incorporaría un impuesto a su paquete fiscal, en abierta oposición a quienes sostienen que sólo está habilitado para cobrar tasas y derechos.
Ese argumento fue profusamente defendido hasta no hace mucho por el actual secretario de Hacienda, Mario Bevilacqua, y su colaborador directo Leandro Costa Brutten.
El concejal Ramos Mejía dijo que el municipio "está perfectamente habilitado por la normativa vigente para cobrar impuestos", sin que exista a cambio contraprestación alguna.
Los expertos de la UNRN explicaron que el principio fundante del proyecto subraya "la función social de la propiedad", entendida como "las limitaciones y obligaciones" que pesan sobre el dueño de cualquier inmueble "en virtud de atender a los intereses generales de la comunidad".
Otra norma ya vigente que se inspira en esa misma idea es la de plusvalía urbana, que permite al Estado cobrar una renta especial en dinero o en especies cuando una propiedad aumenta de valor gracias a una obra pública o a la aprobación de parámetros urbanísticos. Hasta ahora esa herramienta fue poco utilizada.
El equipo que trabajó en el diseño del nuevo impuesto observó que en las últimas décadas el crecimiento de Bariloche "ha sido errático" y estuvo caracterizado por "una preponderancia del sector turístico e inmobiliario por sobre las definiciones de política pública".
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