El servicio de Pediatría del hospital zonal “Ramón Carrillo” continúa sin la atención de terapia intensiva y desde enero pasado los niños que requieran de una asistencia compleja son derivados a otras ciudades. Hoy un juez recorrió las instalaciones en el marco de un amparo presentado por ATE que pide garantizar el funcionamiento del área con recurso humano acorde.
Serra recorrió el servicio de Pediatría para constatar las condiciones de trabajo y la cantidad de personal afectado, comprobando además que se mantiene sin atención la terapia pediátrica por falta de personal especializado a pesar de que el 6 de mayo pasado el propio Ministerio de Salud anunció la inminente apertura con la incorporación de dos pediatras al área.
Ante la visita programada del juez –quien también recorrió el área de neonatología y otras dependencias- acudió el secretario general de ATE y también trabajador del hospital, Edgar Actis, quien impulsó la demanda contra el Ministerio de Salud para que se ordene "la adopción de medidas efectivas para garantizar el funcionamiento del servicio de pediatría" se provea de recurso humano indispensable.
Actis indicó que es “lamentable que tengamos que recurrir a la Justicia para que el gobierno cumpla con su deber de garantizar recursos para la atención”.
El dirigente reconoció que en el último tiempo Salud incorporó recurso humano en enfermería, uno de los más necesarios en hospital zonal, pero remarcó que no se contrataron terapistas en pediatría y por este motivo continúa cerrado el servicio y deben trasladar a los niños a General Roca, Neuquén o Buenos Aires (como un reciente caso semanas atrás donde se utilizó un avión sanitario).
La terapia pediátrica del hospital es la única de Bariloche ya que ningún centro de salud privado cuenta con este servicio.
Para el demandante cuando funcionaba este servicio –hasta enero- “era en condiciones malas, debía ser sostenida con mucho riesgo y con el esfuerzo muy grande de los trabajadores”.
Según aducen los salarios bajos a comparación del sector privado o de los sueldos de otras provincias vecinas, hacen que los profesionales especializados no quieran trabajar para el hospital público.
El juez que entiende en este amparo deberá definir ahora si ordena o no al Ministerio de Salud garantizar los recursos necesarios para que funcione el servicio con normalidad y en qué términos debería concretarse
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