El Ejecutivo municipal libró órdenes de pago para afrontar el alquiler de las casas donde viven unas 20 familias desplazadas de la barda del arroyo Ñireco, quienes se habían quejado reiteradamente del incumplimiento y temían ser desalojadas.

Con esa decisión el intendente Omar Goye reconoció el derecho de los vecinos y comenzó a dar solución a un reclamo iniciado hace varios meses, cuando la gestión anterior discontinuó los pagos comprometidos.

La tanda de resoluciones lleva la firma de Goye, el jefe de Gabinete Jorge González, el secretario de Desarrollo Económico Antonio Sánchez y la de Desarrollo Humano Gabriela Letón. En total el municipio se obliga a pagar unos 155 mil pesos por la cobertura de 20 alquileres hasta junio próximo.

En realidad se trata de una solución parcial, porque las familias relocalizadas con alquiler a cargo del municipio son alrededor de 70 e insumen en conjunto una inversión superior al millón de pesos anuales.

Ante las intimaciones de desalojo, algunos vecinos optaron por pagar el alquiler con recursos propios, mientras que otros -acompañados por la junta vecinal del barrio Lera- redoblaron la exigencia de que el municipio cumpla lo pactado.

Durante el gobierno del ex intendente Cascón se multiplicó el número de beneficiarios del programa, que hasta entonces vivían sitios con alto riesgo de desmoronamiento. Sobre la barda del Ñireco pesa desde hace años una declaración municipal de "daño temido", que sirve como marco jurídico a la relocalización.

Los alquileres en principio iban a extenderse unos pocos meses, a la espera de la construcción del plan de viviendas destinados a alojar a los vecinos.

Pero la obra se demoró por años y recién estaría lista entre abril y mayo próximo. De todos modos, los alquileres no desaparecerán del todo porque varios de los que arriendan viviendas a costo del municipio no figuran en la lista de adjudicatarios aprobada por ordenanza.

El dinero para abonar los alquileres fue librado esta semana bajo la figura de "subsidio no reintegrable con cargo a rendir" y abarca el primer semestre de 2012.

Sin embargo, desde el Ejecutivo deslizaron ayer que ese plazo será acortado con nuevas resoluciones, dada la expectativa de que los vecinos puedan acceder a sus nuevas viviendas antes de junio.

Este diario buscó ayer más precisiones del gobierno municipal sobre el acuerdo alcanzado, pero no consiguió respuesta alguna.