Son empleados de la dirección de Contaduría de la comuna y aseguran que emitieron pagos a un programa social sin tener la "documentación respaldatoria", como exigen las normativas.
Acusaron también a dirigentes del Soyem por haberse sumado al hostigamiento. Mediante carta documento, los tres agentes pidieron la intervención de la dirección de Recursos Humanos y del área de Salud Laboral.
El planteo también llegó al Concejo Deliberante, que ayer lo trató en reunión de presidentes de bloque y decidió convocar a la conducción del gremio, a la secretaria de Desarrollo Humano, Diana Garrafa y a su par de Hacienda Mario Bevilacqua.
En la denuncia también aparecen señalados como protagonistas de las presiones el secretario privado Oscar Borchichi y el subsecretario de Jefatura de Gabinete, Rodrigo Arroyo.
Incluso hay una mención al intendente Omar Goye, quien un par de veces habría requerido por nota dar tratamiento "en forma urgente" al pago de un proyecto de becas sin aportar la necesaria documentación.
Los agentes de Contaduría Ayelén Lavayén, Mariana González y Cristian Paredes reclamaron "el cese de la violencia laboral" a la que fueron sometidos.
Dijeron que Borchichi y Bevilacqua son quienes "sistemáticamente presionan (...) para el tratamiento de proyectos, que las más de las veces no reúnen los requisitos legales exigidos".
Ayer los ediles, durante el repaso de notas, se detuvieron en el análisis del grave episodio y resolvieron citar por separado a los dirigentes del Soyem y algunos de los funcionarios señalados.
La propuesta fue planteada por Carlos Valeri (FG) y Leandro Lescano (FSP) y aceptada por sus pares. Consideraron que lo más preocupante fue la emisión de pagos por planes sociales "sin respaldo documental".
Los empleados dijeron que la presión incluyó la presencia de los beneficiarios de los planes en las oficinas del municipio, donde ingresaron para exigir los pagos en forma inmediata, bajo advertencia de que "se pudría todo".
Según argumentaron, los funcionarios del Ejecutivo tuvieron tiempo suficiente para cumplir con el acopio de documentación y certificaciones que la normativa exige y que la emisión de resoluciones de pago sin ese soporte "obedece a su exclusiva negligencia".
El pasado 21 de septiembre los empleados de Contaduría elaboraron la resolución y la orden de pago "en forma excepcional", con la promesa del intendente de remitir la documentación en un plazo de cinco días. Pero luego Arroyo quiso modificar algunos nombres del listado de beneficiarios.
Cuando le dijeron que era imposible y que había que realizar un nuevo "acto administrativo", comenzaron las presiones para emitirlo de cualquier modo.
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