El municipio llevará a los gobiernos nacional y provincial un amplio y detallado pliego de reclamos, con los que espera obtener ayuda inmediata para sostener la economía de Bariloche frente a la aguda crisis provocada por la erupción volcánica.

Un ATN por 16,5 millones de pesos, planes Repro a razón de 2.000 pesos mensuales para atender los salarios de 10 mil trabajadores, la duplicación de la Asignación Universal por Hijo, la rebaja inmediata en el precio de los combustibles y la agilización de la obra pública son algunos de los pedidos.

El paquete forma parte de una ordenanza aprobada ayer, que declaró la "emergencia económica y social de Bariloche" por el término de un año.

La causa invocada son los daños que provocó a partir del 4 de junio la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle, que incluyó el depósito de toneladas de ceniza, el cierre del aeropuerto y la caída abrupta de la actividad turística y comercial.

El proyecto inicial que presentó el intendente Cascón fue recortado por los concejales, quienes excluyeron un artículo por el cual el municipio adoptaba un "régimen simplificado de presentación y gestión de obras particulares".

Ese nuevo sistema (demandado por el Colegio de Arquitectos) tendría vigencia hasta fin de año, establecía plazos acotados para el análisis y aprobación de los proyectos de obra y salteaba en ciertos casos la intervención de la subsecretaría de Medio Ambiente.

Los ediles se negaron a darle ese "cheque en blanco" al intendente y entendieron que la misma emergencia "le asegura las herramientas" para agilizar la obra pública y promover fuentes de trabajo en la construcción.

El crudo diagnóstico social contenido en los fundamentos de la ordenanza detalla que "en los barrios de Bariloche estarían en situación de ser afectadas por la emergencia 17.758 personas", incluidas las familias sin trabajo, los artesanos, las tejedoras y costureras y también los recicladores de residuos "que no pueden realizar el acopio suficiente para mantener sus ingresos", ya que la falta de turismo restó el "descarte" de hoteles y restaurantes.

También resultarán muy afectados los microemprendedores productivos, las cooperativas de trabajo y los monotributistas sociales, "que suman en total unas 2.700 familias".

Una evaluación aportada por el concejal Hugo Cejas indica que si el aeropuerto continúa cerrado durante julio y agosto (los dos meses de mayor afluencia turística) la ciudad perderá ingresos por 619 millones de pesos, lo que representa un 21% del total anual que aporta el turismo a la ciudad.