Recordó que a sus denuncias, cuando era legislador, de irregularidades en este sentido con tierras de la Zona Andina se suma la última realizada sobre 24 mil hectáreas en la Meseta de Somuncura que “se vendieron a 9,18 pesos la hectárea, es decir, un helado es más caro”. Denunció en este sentido que “diez días antes de la adjudicación, el adjudicatario constituye una sociedad anónima, que se llama El Tomillal S.A., con un conocido operador inmobiliario de San Carlos de Bariloche, el señor Van Ditmar (Nicolás)”, conocido administrador y socio a la vez del inglés Joe Lewis. Dijo además a la agencia APP que “estuvimos indagando y vemos mucha lentitud de parte del juez”.

Al consultársele su opinión respecto a que el nuevo gobierno, cuando estaba todavía al frente el gobernador fallecido Carlos Soria recibió a Van Ditmar, conocido por ser administrador de propiedades del inglés Joe Lewis, expresó que “cuanto tengo todos los elementos para hacer la denuncia que he estado contando, obviamente que le conversé con Carlos Soria y con Alberto Weretilneck, y no hubo ningún tipo de problema, al contrario, alentaron a que haga la denuncia, sin ningún inconveniente”.

Recordó además que “el gobernador en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura con mucha claridad y mucho énfasis dijo que la investigación va a seguir desde el Ministerio de Producción y la Dirección de Tierras, así que eso es una muy buena noticia; hay convicción en avanzar e incluso ver si la provincia puede recuperar, definir la nulidad de algunas de estas operaciones”.

Bardeggia informó a la agencia APP que “la última denuncia que hice por el tema tierras fue en los últimos días del 2011, ya con la nueva gestión”, especificando que “denunciamos la adjudicación de 24 mil hectáreas en la Meseta de Somuncura, donde está el Área Natural Protegida”.

Dijo al respecto que “son tres inmuebles rurales, uno de 11 mil hectáreas, otro de 6 mil y un tercero de 5 mil hectáreas, que le fueron adjudicadas a una sola persona de apellido Montes”.

Indicó que esa persona “ya estaba ocupando uno de esos campos, así que le adjudicaron ese más otros dos; a nuestro juicio esto configura una situación absolutamente irregular que colisiona con la Ley de Tierras”.

Recordó que estas tierras “tienen ciertas restricciones para la venta por estar precisamente en un Área Natural; la otra cuestión, que no es menor y que señalamos en la denuncia, es que las 24 mil hectáreas se vendieron a 9,18 pesos la hectáreas, es decir, un helado es más caro”.

Aseveró Bardeggia a la agencia APP que “por si esto fuera poco, se dio a pagar a un plazo de 10 años, es decir, todavía lo están pagando; la primer cuota devengó en el 2007, por lo tanto no pagaron todavía el 50% del inmueble”.

Dijo además que, aunque no lo pudo confirmar, aparentemente debían el pago de algunas cuotas, aún en estas condiciones.

Informó asimismo que “diez días antes de la adjudicación, el adjudicatario constituye una sociedad anónima, que se llama El Tomillal S.A., con un conocido operador inmobiliario de San Carlos de Bariloche, el señor Van Ditmar (Nicolás), que ha estado presente en todas estas operaciones, a veces en forma directa y otras en forma indirecta”.

Opinó que este caso “sumado al resto de las denuncias que nosotros habíamos hecho, me hace pensar que se trató de una acción deliberada, sistemática y premeditada, es decir, con alevosía y premeditación”.

Afirmó que este proceso “fue aberrante y vil” y especificó que “en total son casi 80 mil hectáreas, sumadas todas las denuncias que fuimos haciendo, unas 15 ó 16, de las mejores tierras que tiene la Patagonia y en el país, la mayoría en la zona de El Bolsón; tierras públicas que se transfirieron al dominio privado a valores de, por ejemplo, 36 pesos la hectárea ó 27 pesos la hectárea”.

Enfatizó que “los adjudicatarios de estos campos son conocidas personas, profesionales, de San Carlos de Bariloche, y algunos ellos, estando ya denunciados, revendieron las propiedades, lo que motivó una presentación ante la justicia y allí sí una resolución favorable de parte del juez, técnicamente se llama una anotación de litis, que significa que cualquier persona que va a comprar eso va a estar informado de que eso está en un proceso judicial, con lo cual no va a poder argumentar buena fe en la compra de ese inmueble rural”. (APP)