La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca será ahora la encargada de analizar la presentación judicial, y tendrá que resolver el recurso de Baraldini.

La apelación fue realizada por el defensor oficial Federico Miller, quien tiene la responsabilidad de ejercer la defensa del represor. El abogado, en el escrito de alrededor de 15 páginas, critica la imprescriptibilidad del tipo de delitos por los que se lo imputa a Baraldini y plantea la nulidad por ciertas cuestiones técnicas que arroja el expediente. Señala, además, que se viola la garantía del plazo razonable.

Miller también discute los fundamentos del proceso, al entender que no habría elementos de prueba suficientes para confirmar la autoría de Baraldini en los hechos por los cuales se lo acusa, según trascendió de fuentes judiciales. Continuó con la línea de los defensores de los represores juzgados en el juicio de la Subzona 14, al considerar que no se dieron los rasgos predominantes para abarcar los casos en los delitos de lesa humanidad.

Baraldini, uno de los cabecillas de los militares "carapintadas", está actualmente alojado en el Pabellón 2 Bajo de la Colonia Penal 4, junto a sus ex subordinados y ya condenados por la causa de la Subzona 14 I.

El represor fue capturado el 24 de diciembre último en el aeropuerto de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Estaba prófugo desde 2003, de la Justicia argentina. Cuando fue deportado, se alojó inmediatamente en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz. Luego, fue trasladado a la capital pampeana para brindar declaración ante el juez Zabala. Algunos mencionan que el ex jefe de la Policía de La Pampa podría ser juzgado recién en 2014.

El procesamiento.

El juez federal Pedro Vicente Zabala confirmó, el lunes 23 de enero, el procesamiento del ex militar Baraldini en la causa 615/10. El magistrado, en su resolución, determinó que el represor fue Jefe de la Sección Inteligencia del Destacamento 101 de Toay e integrante del Estado Mayor del Comando de la Subzona 14 primero y como Jefe de la Policía de La Pampa tras el golpe del 24 de marzo de 1976. También calificó como "central" la actuación de Baraldini en el andamiaje del Terrorismo de Estado en la provincia. "Tanto en una como en otra función resultó un engranaje clave para la emisión o transmisión de las órdenes que culminaron con las detenciones ilegales y tormentos a los detenidos; además de los casos en que ha sido señalada su presencia personal en las detenciones y tormentos", señaló Zabala en el auto de procesamiento. Y afirmó que contribuyó al plan sistemático de represión ilegal en La Pampa: "de tal forma contribuyó al plan sistemático de represión ilegal lanzado hacia diversos sectores de la ciudadanía pampeana caracterizado por su ilegitimidad, clandestinidad, desmesura e impunidad". Señaló que no debía dictarle la prisión preventiva por la "escala punitiva correspondiente a los delitos atribuidos".

Además, le trabó un embargo por sobre sus bienes o dinero por la suma de 7 millones de pesos, teniendo en cuenta para fijar el monto "los graves y numerosos ilícitos que se le imputan, su importancia en la estructura de la organización delictiva y el grado de intervención" ante "la posible aplicación de penas pecuniarias, las costas del proceso y la indemnización civil (en caso de corresponder)".