La que comienza volverá a ser una semana importante para el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en el intento por destrabar la situación suscitada en aquellos concursos en los que no se ha logrado que cinco candidatos accedan a la etapa final del proceso de selección, para poder elevar un quinteto de postulantes al gobernador, con el fin de que él elija a uno por cargo vacante en el Poder Judicial, como exige el artículo 16 de la Ley 8.197.

Antes de la sesión prevista para el miércoles, los consejeros mantendrán mañana una reunión de trabajo -no será pública- en la sede de la Junta Electoral con el fin de barajar alternativas. Esto, luego de que el CAM decidió no insistir ante el Poder Ejecutivo con el dictamen según el cual, en el concurso convocado para la cobertura de dos vocalías en la Cámara en lo Civil y Comercial Común de Concepción, la abogada María Isabel Bravo fue la única de 13 postulantes que reunió el puntaje exigido (60 puntos como mínimo) para acceder a la entrevista final. El gobernador, José Alperovich, ha reservado el nombre de Bravo, pero pidió al Consejo Asesor de la Magistratura que seleccione complementariamente a cuatro profesionales más, a los efectos de cumplir con la pauta del quinteto.

Bajar la tensión

Si el consejo insistía con el nombre de Bravo, amparándose en que su dictamen es definitivo y vinculante según el artículo 101, inciso 5 de la Constitución provincial, y en que el concurso está terminado, la tensión hubiera se incrementado con el primer mandatario.

Por eso, durante la última sesión, los consejeros prefirieron cambiar de estrategia e intentar lo que denominan una "salida política", que consiste en abrir un diálogo institucional con los poderes Ejecutivo y Legislativo para desbloquear el conflicto. El presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, representante del oficialismo legislativo en el CAM, se comprometió a mantener una conversación con el gobernador, según reveló el miércoles Jorge Cinto, representante de los abogados del sur dentro del cuerpo.

Una propuesta de salida consistiría en salvar los dos concursos en los que se ha generado el problema pidiéndole al Poder Ejecutivo que designe a los candidatos seleccionados aun cuando no se alcanzara la cuota del "quinteto", dada la crisis que impera en el Poder Judicial debido a la cantidad de cargos vacantes. Como contrapartida, se introducirían cambios en el Reglamento Interno del CAM (para flexibilizar la forma en que se califican los antecedentes de los postulantes) y se instaría a la Legislatura a que modifique la Ley 8.197, para que la tasa de los cincos abogados que hay que elevar al gobernador como corolario de los concursos sea reducida a terna, como ocurre en la mayoría de las provincias.

Durante la última sesión, Antonio Bustamante, representante de los abogados de la capital, advirtió que los gestos de buena voluntad deben provenir de todos los sectores, no sólo del Consejo Asesor de la Magistratura. "No hay que trasladarle culpa o responsabilidad al CAM porque no se haya alcanzado la cota del quinteto. En un contexto en el que la Justicia está en crisis, nos falta coordinación con los poderes del Estado, para que estos no sientan que el CAM invade sus prerrogativas. Partiendo de que el CAM tiene base constitucional, no sólo legal, todos debemos llamarnos a la reflexión y no exigir solamente que el CAM modifique el Reglamento Interno", alertó.