Explicaba que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había impuesto como condición, para brindar su apoyo y nuevos préstamos, la ley laboral que se debía sancionar. Puntualizaba además que algún gobernador quería conceder la ley laboral por la renegociación de las deudas de su provincia con la Nación.

Todo esto me llevó a titular aquel artículo remarcando que una ley que versa sobre derechos de los asalariados únicamente podía ser admisible si tenía el sentido de protegerlos, y no por el contrario de enajenarlos tal como surgía del proyecto que había sido presentado por el Poder Ejecutivo del doctor De la Rúa. Lo que no pensaba entonces era que el “canje” iba a transitar por los carriles del soborno.

Un sector del movimiento obrero –la entonces Confederación General del Trabajo (CGT) “oficial”– acordó con el gobierno nacional modificaciones que, por si fuera poco, empeoraron el proyecto, lo volvieron aun más regresivo. Mientras tanto otro sector del movimiento obrero –la entonces “CGT Disidente”– se manifestaba en la Plaza de los Dos Congresos en contra del proyecto, siendo su movilización del 19 de abril del 2000 ferozmente reprimida y herido de bala estatal uno de sus dirigentes.

El día 26 de abril, los senadores quisieron convencernos de las supuestas “bondades” de las modificaciones que habían introducido al proyecto gubernamental original; pero para esconder “un elefante” habían llenado el proyecto de “elefantes”.

La ley aprobada fue perversa por la forma en que el gobierno de entonces logró reunir la voluntad de muchos senadores –para ellos tenían la Banelco–, pero también lo fue por su contenido: la ampliación de la precariedad en el empleo, la promoción de la negociación colectiva a la baja y la derogación de la regla de ultraactividad de los convenios colectivos. Estos eran algunos de los requerimientos de los organismos internacionales de crédito a los que accedió el gobierno del doctor De la Rúa.

Después vino mi libro Crónica de una Ley Negociada presentado por dos protagonistas de la denuncia: Hugo Moyano, quien bautizó la norma como "Ley Banelco", y la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.

El juicio oral que me tendrá nuevamente como testigo –ya declaré en dos oportunidades previas–, es el mecanismo institucional en el que respetando los principios constitucionales de presunción de inocencia y la garantía del debido proceso, permitirá que no triunfe la impunidad.