“Nadie se preguntó por qué en los Bingos de la Provincia de Buenos Aires se puede fumar”?. La frase, lanzada por Amado Boudou en medio de una catarata de fuertes denuncias que involucraron a personajes claves del Poder Judicial, pasó desapercibida. Pero remitió, reflotando el clima de sospecha, a la polémica que se generó cuando la Legislatura incluyó una cláusula a medida de los Bingos para exceptuarlos de la Ley que reguló el consumo de tabaco en lugares públicos de la Provincia.
La “Banelco bonaerense”:
La Sanción de la Ley autorizando y regulando el funcionamiento de las máquinas tragamonedas en poder de Boldt en Salas de Bingos aprobada en el año 2003, disparó denuncias públicas por parte de algunos legisladores que regaron sospechas de “soborno”, apuntando a sus pares que debatieron en un trámite particular –fuera del día habitual de sesiones, sin notificación generalizada y con quórum ajustado y suficiente- una polémica norma que, entre otras cosas, condonaba una deuda millonaria que la empresa Boldt tenía con el Estado Provincial.
El escándalo que se generó aquella vez, empujó al por entonces Gobernador, Felipe Solá, a vetar parte de la norma sospechada de haber sido sancionada viciada por cohecho.
La Historia:
Hasta el año 2000, las máquinas tragamonedas habilitadas para funcionar en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires pagaban al fisco un cánon de $1.500 por año. Pero a fines de ese año, el Instituto de Loterías y Casinos decidió aumentar ese aporte a $4.500.
Todo se había disparado meses antes, cuando una Comisión Bicameral que investigó al Instituto Provincial de Loterías y Casinos, realizó graves acusaciones sobre el desembarco de las máquinas tragamonedas, de la mano de la empresa Boldt.
La decisión del fisco de aumentar el canon aglutinó a varios bingueros que hicieron frente común presentando sucesivos recursos de amparos ante la Justicia, para esquivar el aumento. Entonces, la Legislatura se dispuso a sancionar una Ley para regularizar el negocio de las máquinas tragamonedas.
La rebeldía fiscal de los bingueros alumbró una ley, sancionada en noviembre de 2001 que directamente “prohibía” el funcionamiento de máquinas tragamonedas. Los bingueros reflotaron entonces idéntica herramienta de supervivencia y volvieron a recurrir a la Justicia con recursos de amparos que les permitieron seguir funcionando sin que el Estado percibiera ningún beneficio fiscal.
Cuatro meses después, en marzo de 2002, la Legislatura provincial empezó a debatir un proyecto del Ejecutivo que se había elaborado luego de una negociación con los bingueros obligando a estos últimos a pagar un adelanto de $40 millones “a cuenta” de lo que, después, iban a tener que abonar hasta la implementación del sistema de Control On-Line que –se suponía- iba a permitir un cálculo exacto de las ganancias reales de los bingueros por la explotación de esas máquinas.
El pre-acuerdo que alumbró aquel proyecto de Ley incluyó, además, una cláusula que obligaba a los bingueros a saldar las deudas generadas durante la “rebeldía fiscal” amparada en los recursos de amparos presentados tras la suba de los cánones. Ante la demora de la discusión parlamentaria, el 12 de junio de ese año, Solá firmó un decreto regulatorio y en diciembre se implementó el sistema on-line.
El 27 de mayo de 2003, la Legislatura provincial aprobó una norma regulando el funcionamiento de las máquinas tragamonedas en las Salas de Bingo, con un polémico agregado en su artículo 10: “El canon abonado durante la vigencia del Decreto 1372/02 tiene efectos cancelatorios y liberatorios respecto de los períodos devengados hasta el 6 de diciembre de 2002” –cuando comenzó a funcionar el sistema on- line-
En llano: aquel “adelanto a cuenta” que preveía la redacción del proyecto original, plasmado luego en un decreto de Solá, pasó a ser “cancelatorio” de una deuda generada por los bingueros a favor del Estado por una cifra millonaria. El cálculo del ‘perdón fiscal’ que beneficiaba al a empresa Boldt se calculaba en unos $25 millones de pesos.
Algunas particularidades hicieron acrecentar las sospechas: aquel día, la Cámara de Diputados comandada por Osvaldo Mércuri y donde tenían peso los históricos del PJ que le dieron forma a La Diputadora -Isidoro Laso; Baldomero Alvarez de Olivera y Juan Garivotto- sesionó un martes, cuando el día habitual para las sesiones del cuerpo eran miércoles y jueves; y lo hizo con un quórum ajustado a la necesidad para abrir el debate. Con un agravante más: muchos diputados, denunciaron luego ni siquiera haberse enterado de la convocatoria para sesionar.
En la polémica sesión del 27 de mayo –de la que sugestivamente no hay registro el diario de sesiones de la página oficial de la Cámara de Diputados- además de los 42 diputados justicialistas, se hizo presente un puñado de opositores, entre ellos algunos que sobresalieron por su habitual predisposición a votar en contra del oficialismo pero que esa noche habilitaron con su presencia el quórum necesario para sesionar.
Al bloque del PJ –entre los que estuvo el por entonces diputado Eduardo Bustos, pese a estar convaleciente por una operación cardíaca- se sumaron otros: el ucedeísta Hugo Bontempo y la pattista Marta Ferrara (que habitualmente votaban con el peronismo) los kirchneristas Aldo San Pedro y Graciela Podestá, alineados por aquel entonces con el duhaldismo- y Guillermo Luces y Hebe Febles, que tenían bancas unipersonales. La presencia en el recinto de esos 6 diputados que no pertenecían al bloque oficialista, acrecentó las “sospechas” ya que, a la postre, fueron los que dieron el quórum necesario para la aprobación de la polémica Ley.
“Habría que preguntarse que hacían esos legisladores el martes en la Cámara, cuando las sesiones son siempre los miércoles o jueves”; aumentó la sospecha el –por entonces- vicepresidente del Bloque de Diputados del radicalismo, Roberto Costa, hoy senador provincial del radicalismo y autoridad de Cámara a cargo de la Vicepresidencia II del Senado.
Hay más: el proyecto se discutió en el recinto “a libro cerrado”. Así surge de la denuncia que hizo en el recinto el Diputado Tunessi según la versión taquigráfica del a sesión posterior a la del escándalo, una semana después: “Que juren los Señores Diputados que votaron si conocían el texto de lo que se ponía a consideración esa noche, porque ninguno conocía el texto ya que éste era secreto. Ni siquiera se tuvo la posibilidad de un dictamen de comisión, porque no hubo reunión de Labor Parlamentaria de los presidentes, como es costumbre, para que los señores diputados concurriéramos al recinto conociendo, por lo menos por nuestra dignidad, qué es lo que se sometía a nuestra consideración”.
El denunciante de la sospecha de sobornos, Juan Pedro Tunessi, admitió aquella vez que, como suele ocurrir en estos casos, “es muy difícil que haya elementos de prueba concretos”, pero ratificó su desconfianza al procedimiento de la sanción de la norma: “la evidencia principal es que se votó una Ley que crea una comisión bicameral con la que nadie contaba, que tiene facultades para extender licencias, otorgar nuevas y hasta condonar deudas”.
“Cómo puede ser que esto no sea tapa de los diarios nacionales: es muy similar al caso del Senado, que se terminó llevando puesto a un Vicepresidente de la Nación”, despotricó el legislador radical, en clara referencia al resonado caso de la Banelco que posibilito la sanción de la Ley delaruísta de Flexibilización Laboral que derivó en la dimisión del por entonces vicepresidente, Carlos “Chacho” Alvarez.
La sospecha del pago de sobornos se discutió aquella vez en el recinto mismo de la Cámara Baja, en la sesión posterior de la sanción de la polémica norma. Según surge de la versión taquigráfica de aquella sesión, una de las apuntadas, la pattista Marta Ferrara, pidió la palabra para promover una ‘Cuestión de Privilegio’ contra el denunciante diputado Pedro Tunessi: a quien acusó de haberse “convertido en un censor, fiscal y juez de mi conducta, señalando que mi presencia en el recinto no era en cumplimiento de mi deber constitucional y reglamentario –de asistir a las sesiones- sino que obedecía a motivaciones bastardas que se adjudican a una práctica corrupta”.
El propio Ricardo Alfonsín, hoy Diputado Nacional y por entonces legislador bonaerense, se hizo eco también de las sospechas de pago de soborno a los legisladores, reclamándole a su partido “que intervenga para que los bloques expliquen por qué votaron diferente en un tema tan espinoso”.
“Es una cuestión muy sensible que tiene que ver con intereses poderosos y es lógico que se generen sospechas, porque además fue votada de una manera que hace sospechar”, aseguró Alfonsín aquella vez alentando más el clima de sospecha generalizado que envolvió al procedimiento de la sanción de la polémica Ley.
No fue la única referente de la oposición que se sumó a la denuncia. Elisa Carrió bajó por primera vez a la Provincia, para denunciar la maniobra: “cuando lees el artículo -del perdón fiscal a Boldt- es escandaloso. Y fíjense que en el Congreso Nacional se ven cosas escandalosas, pero esto lo supera”, aseguró.
Finalmente y en medio del escándalo, el por entonces Felipe Solá se hizo eco de las denuncias: “el fondo del tema es que hay una renta muy grande del sector propietario, y cuando hay renta muy grande siempre hay tentaciones y comentarios”; dijo el mandatario provincial antes de vetar la parte objetada de aquella Ley. Aquel veto de Felipe Solá, aún no fue tratado en la Legislatura provincial.
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