No es el argumento de una película de acción, que podría reflejar la corrupción interna en el ámbito de un gremio cualquiera, y el estado de indefensión que padece un ciudadano común, víctima del patoterismo enquistado en la actividad político sindical de esta sociedad. Lejos de la ficción, es la más clara realidad, y forma parte de la historia de un empleado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que cumple funciones de sereno en la Facultad de Ingeniería.

Se llama Luis Olivera, y su lugar de trabajo habitual era, a principios de este año, el anexo de esa unidad académica, un edificio sito en Juan B. Justo 2550. Era la madrugada del domingo 25 de enero, cuando Olivera comenzó a sentir ruidos en la parte trasera del lugar, por lo que se dirigió hacia el corredor central. Encontró allí a una persona de sexo masculino de unos 30 años que le dijo: “tirate al suelo que la cosa no es con vos”.

Olivera fue reducido rápidamente y maniatado con un precinto plástico. Quedó recluido en un aula, pero pudo oír desde allí que eran varias las personas que caminaban por el corredor, durante aproximadamente una hora.

Cuando no hubo más ruidos salió en busca de ayuda, y la consiguió en la estación de servicio de enfrente.

Con la llegada de la policía se pudo reingresar al edificio, y allí comprobar el robo de varios elementos electrónicos, además de que una ventana de aluminio que daba al pasillo interno se hallaba forzada. Faltaban varios CPU, cinco cañones de proyección y dos equipos de audio. Se habían llevado además el manojo de llaves que había en la guardia.

Para sorpresa del sereno, llegó rápidamente un supervisor de la Universidad, de quien Olivera no brindó el nombre cuando relató estos hechos en entrevista con la 99.9. Según afirmó el guardia, ese supervisor lo invitó a salir al patio con la excusa de fumar un cigarrillo. Allí le habría indicado que no dejara constancia de nada en el cuaderno de actas correspondiente: “total, lo cubre todo el seguro”. Olivera no obedeció, y registró el suceso en el cuaderno, tal como había sucedido. Allí comenzó su calvario.

En el mes de abril, cuando creía olvidado el robo, fue interceptado a las 6 de la mañana por un hombre armado muy joven, que rompió el cristal del auto y lo obligó a destrabar las puertas. Luego lo condujo hacia una zona de la ciudad que no puede precisar, ya que conducía en forma de zigzag, y lo hizo descender. Allí aparecieron otros dos hombres que describe con precisión, y lo golpearon con violencia. “Matalo, matalo”, gritaban los mayores al más joven y armado; “matalo, que es un buchón”. Y dirigiéndose a la víctima: “¿A quién vas a responsabilizar de esto?”

Por hablar

Al escuchar esas palabras, Olivera supo que no se trataba de un robo común, aunque le hubieran pedido la billetera y la campera. Los agresores sabían quién era, y lo acusaban de algo muy preciso: él había hablado.

Cuando pudo escapar lo hizo, y corrió sin parar hasta que logró pedir ayuda en las inmediaciones de Edison y Carasa. La policía lo asistió y lo condujo a un médico forense, que era lo más urgente, a pesar de que su coche Volkswagen Senda había quedado abandonado en el lugar del hecho, y con las llaves puestas. Al rato se informó que el automóvil había aparecido en el barrio San Jacinto, pero completamente incendiado.

Olivera tiene, como consecuencia de este episodio, una lesión en la rodilla que aún disminuye su capacidad motriz y lo obliga a renguear de forma más que notoria. Sin embargo, la Universidad jamás aceptó ninguna vinculación con los hechos, ni preguntó absolutamente nada. Se limitó a rechazar los pedidos del empleado, y la ART no lo contempló, por más que el episodio hubiera sucedido cuando el agente se dirigía a su lugar de trabajo.

La presentación judicial se ha hecho a través de Mónica Cattani Maceiras, que es la abogada del empleado, pero la fiscalía de cámara respondió este mes archivando las investigaciones, ya que dice no encontrar vías de investigación sobre lo sucedido: la víctima no puede -hasta el momento- identificar a sus agresores.

Pero esto no era lo único que había pasado. En el medio, Olivera había registrado en un cuaderno de actas que la puerta de ingreso de personal del edificio que le toca custodiar no tenía cerradura, y que estaba solamente trabada con un perfil de durloc, lo cual obviamente no podía detener ningún intento de robo. El gesto no fue muy bien visto por alguien de su entorno laboral, seguramente uno que pretendía aprovechar la debilidad del cerramiento.

El 30 de ese mismo mes de abril, aconteció otro hecho de violencia. En las inmediaciones del complejo universitario, Olivera se dirigía a una asamblea de su gremio cuando otro agente, Marcelo Barrios, lo increpó diciendo: “seguí caminando derecho, a ver si te caes. Dejá de decir boludeces, porque la otra pierna te va a quedar más corta”. No es una película de la mafia: es el personal no docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, orgullo del saber.

Por supuesto que cuando las amenazas de Barrios y también de su padre, Francisco Barrios -que pertenece al mismo gremio- se hicieron ostensibles y repetidas, Olivera y su letrada informaron por nota al rector de la institución Francisco Morea, que hasta el momento no ha hecho nada. Es más: se negó a recibir al empleado diciendo que él está para “cosas importantes”, y que no le constaba que Mónica Cattani fuera abogada, que bien podría ser “una amante”. A todo esto, y aunque el jefe crea que no es grave, Barrios ya tiene una causa penal por amenazas y lesiones a un abogado.

El Poder Judicial citó a una audiencia de mediación que Olivera rechazó: no quería conciliar con los agresores. Quería una investigación sobre la conexión entre los agravios y los hechos de violencia.

Abrir fuego

Pero tampoco quedó allí. El 21 de agosto, Olivera llegaba al edificio de la facultad de Ratery entre Juan B. Justo y Solís a las 5 y media de la mañana, cuando divisó a Marcelo Barrios escondido detrás de un contenedor que se encontraba en la calle. El agresor salió de su escondite y le dijo: “Vos querías guerra”. Sin más, le arrojó una bomba Molotov a la altura de la puerta del jeep Ika que conducía Olivera, la que impactó contra el vidrio del parabrisas y derramó el combustible. Inmediatamente se incendiaron la lona y la cabina.

El hombre sintió que se quemaba, y se arrojó del coche en movimiento, por lo que rodó por la calle durante unos segundos. Trató de ponerse en pie y corrió hacia las escalinatas del edificio, tras lo cual definitivamente se desmayó. Allí fue asistido por uno de sus compañeros de trabajo, Juan Lavanini.

Pasados unos minutos llegó Francisco Barrios, el padre del agresor, y desde el interior de su camioneta le dijo a viva voz: “¿viste? Esto es guerra”. Y lo dijo delante del decano de la facultad, Manuel González, que también vio cómo el segundo coche de Olivera se incendiaba.

De esta manera, el centro de producción del saber en el área de la ingeniería se convierte en el teatro de operaciones de un grupo de bandoleros que puede hacerle pito catalán a cualquiera que no siga sus instrucciones. Las autoridades, como suele suceder en estos casos, no saben y no contestan. Sobre todo porque, al decir de Olivera, muchos están ocupados viendo cómo hacer para que ingresen a las reuniones los que están de su lado, y queden afuera los demás. Aunque quienes tengan que sostener las puertas cuyos vidrios estallan, sean justamente los empleados no docentes. Los de mantenimiento, por ejemplo.

Como si lo que pasara en tierra firme estuviera destinado a ser resuelto por simples mortales, que no son ellos, las autoridades universitarias no ven nada. La guerra de los indefensos es, sin dudas, la verdadera guerra.