solicitando que sea declarada la nulidad absoluta e insalvable del acto por el cual se designó a Armando "Cacho" Cortalezzi como interventor de la entidad crediticia. En su pelea con el Gobierno por el manejo de la Caja Popular de Ahorros (CPA), la Asociación Bancaria de Tucumán (AB) concretó una nueva arremetida judicial.

El secretario general del gremio en la provincia, Eduardo Bourlé, presentó ayer una medida cautelar de no innovar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo (CCA), solicitando que sea declarada la nulidad absoluta e insalvable del acto por el cual se designó a Armando "Cacho" Cortalezzi como interventor de la entidad crediticia.

El planteo, realizado con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, recayó en la Sala II, que integran los jueces Carlos Giovaniello y Rodolfo Novillo.

Desde que asumió al frente de la CPA, el pasado 22 de octubre, el ex legislador Cortalezzi mantiene un duro enfrentamiento con la conducción de la Bancaria.

También ayer, la AB planteó ante la CCA una acción de amparo en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia, para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de la ley 8.524. Mediante dicha norma, se autorizó el reemplazo de 172 millones de pesos del fondo de garantías de seguros que la CPA tenía depositados en plazo fijo por Letras de la Tesorería. El manejo de esos recursos, con los que el PE pretende garantizar el pago de obligaciones salariales a los empleados públicos, fue precisamente uno de los disparadores del conflicto entre el gremio bancario y la administración de José Alperovich. La AB, con el dirigente nacional Carlos Cisneros a la cabeza, advirtió que esta medida podría provocar serios riesgos económico-financieros a la entidad crediticia estatal. La causa quedó asentada en la Sala I de la CCA, que integran los magistrados Salvador Ruiz y Horacio Castellanos.

Anteriormente, el sindicato había denunciado penalmente al ex interventor de la CPA, Eduardo El Eter, por considerar que incurrió en el delito de malversación de fondos públicos al haber firmado un convenio con el PE autorizando el retiro de esos 172 millones de pesos, que estaban depositados en la banca privada.

Si bien el manejo de ese dinero fue la gota que colmó el vaso, la pelea entre el Gobierno y la AB se inició en junio, cuando el alperovismo intentó expropiar el Club Caja Popular.