La pugna desatada entre el gobierno de José Alperovich y la Asociación Bancaria (AB) no demuestra signo alguno de que las aguas se calmen. En esta ocasión, e inmersos en el conflicto desatado por la sustitución de los fondos de la Caja Popular de Ahorros por Letras del Tesoro Provincial, se le suma la escalada verbal, mediática, legislativa y ahora judicial que se relaciona con la situación del actual interventor del organismo, Armando Cortalezzi.

En este sentido, desde la AB, su secretario general en Tucumán, Eduardo Bourlé, presentó ante la Corte Suprema de Justicia provincial una medida cautelar de no innovar en contra de la ley 8.552, mediante la cual, los parlamentarios justicialistas, "blindaron" a Cortalezzi en su nuevo cargo, ya que la Carta Orgánica de la Caja impedía que un legislador pueda desenvolverse al mismo como interventor de la entidad crediticia.

Justamente, el oficialismo , a modo de evitar la incompatibilidad de funciones, suprimió tal cláusula con el objeto de allanarle el camino a Cortalezzi (legislador en uso de licencia) para que pueda cumplir con ambas funciones. Sin embargo, la presentación judicial, que cuenta con el patrocinio letrado de Gustavo Morales, solicita a los magistrados del Máximo Tribunal que ordene a los otros dos poderes del Estado se abstengan de aplicar la norma cuestionada, hasta tanto se dicte un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo.

Al mismo tiempo, la AB planteó una acción de amparo en contra de la ley en cuestión, que fuera dictada por la Legislatura en su última sesión del año, concretada el pasado 21 de diciembre. La finalidad del gremio bancario radica en que la Corte declare la inconstitucionalidad de la ley.

Paralelamente, el escrito elevado establece declarar como asunto de feria la presente solicitud teniendo en cuenta la "configuración de gravedad institucional al aplicarse retroactivamente una disposición para subsanar una manifiesta ilegalidad en la que incurrió el titular del Poder Ejecutivo de la Provincia al designar a un legislador como interventor de la Caja Popular de Ahorros, conservando ambos cargos", enuncia el planteo.

Una de las cuestiones que se deja asentada en la presentación aludida es que La Bancaria recusó a los vocales de la Corte (Antonio Estofán, Claudia Sbdar, Daniel Posse y Antonio Gandur) para su intervención en este expediente, remarcando la excepcionalidad en tal recusación del vocal René Mario Goane.

En los fundamentos del pedido, se indica que Alperovich, "vulnerando groseramente" el artículo 11 inciso A de la Carta Orgánica de la Caja Popular en donde se indica que no pueden integrar el Directorio los miembros del cuerpo legislativo de la Provincia, designó el pasado 22 de octubre a Cortalezzi para tal cargo.

Asimismo, se dejó constancia que el titular del Poder Ejecutivo "quebrantó flagrantemente" también la Constitución Provincial que ordena al gobernador expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes, no pudiendo alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

En tanto, se especificó en el cuerpo de la presentación judicial que las disposiciones relativas al Directorio son aplicables directa e imperativamente al Interventor de la CPA, "por lo que se advierte nítidamente la inconsistencia de los argumentos esgrimidos para posibilitar la sanción de la ley 8.552", enuncia el planteo.

Este justificativo había sido utilizado por el oficialista Guillermo Gassenbauer en aquella ocasión en el recinto, al aducir que Cortalezzi "no integra el directorio de la Caja porque es un interventor nombrado por el PE, por lo que no puede aplicarse lo que dice la Carta Orgánica. Y ahora no legislamos hacia atrás para favorecer a Cortalezzi, sino hacia adelante para evitar ambigüedades y chicanas", dijo en ese entonces para ratificar la legitimidad del Interventor actual.

En relación al último aspecto del que diera cuenta Gassenbauer, la AB remarcó en el escrito presentado ante la Corte que "los legisladores violaron de manera impúdica las constituciones tanto nacional como provincial, pues se arrogaron facultades exorbitantes que llevan al desconocimiento o manifiesto apartamiento del artículo 3 del Código Civil, pues las leyes no tienen efectos retroactivos, no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas ya agotadas ni sobre los efectos ya producidos de situaciones o relaciones aún existentes", como sería el caso de la ley 8.552.

Para finalizar, el texto de la presentación enuncia que el accionar incurrido desde el PE como desde la Legislatura (considerado como de "ilegalidad manifiesta") posibilitó en la jornada de ayer la celebración de un nuevo convenio entre el Gobierno tucumano y la Caja para otorgar un nuevo préstamo a cambio de Letras de Tesorería. Ya que el 31 de diciembre vencía el plazo para que el Ejecutivo devuelva los 172 millones de pesos que extrajo de la CPA, aunque se encontraba habilitado para la realización de una operatoria similar.

Según lo señalado por Bourlé en el planteo en cuestión, esta sustitución de recursos "ocasiona perjuicios económicos irreparables a la señera institución (por la Caja) y que en el fondo lo que se pretende es un rápido saqueo para privatizarla so pretexto de ser deficitaria; o, en razón de la inidoneidad funcional del Primer Mandatario en materia económica, por lo que necesita fondos para darle un destino (a los fondos afectados) que hasta ahora se desconoce", se indicó en la presentación judicial.