La Bancaria no quiere que el fiscal Guillermo Herrera tenga en sus manos la denuncia judicial por la cesión de unos $ 170 millones de la Caja Popular de Ahorros (CPA) al Poder Ejecutivo provincial.

Hace dos semanas, el secretario general del sindicato, Eduardo Bourlé, denunció penalmente a Eduardo El Eter, ex interventor de la CPA, por el presunto delito de malversación de caudales públicos. El planteo judicial, inicialmente formulado ante el ministro fiscal, Luis de Mitri, se debe a que El Eter, aún a cargo de la Caja, había firmado un convenio con el secretario de Hacienda, Rolando Steimberg, que formalizaba la cesión de recursos de la CPA depositados en bancos (unos $ 170 millones del Fondo de Garantía del Departamento Seguros) al Gobierno provincial. A cambio, el PE emitió Letras de Tesorería.

Pero el escrito recayó en manos del fiscal penal de la X Nominación. Y, en consecuencia, La Bancaria reclamó ahora la urgente intervención del ministro fiscal para que Herrera sea apartado de la causa y el expediente sea girado a otra fiscalía, "a fin de garantizar transparencia, eficacia y celeridad". En la presentación realizada mediante el abogado Gustavo Morales, el sindicato relató que la fiscala Mariana Rivadeneira se inhibió y giró la causa al fiscal Herrera. "El fiscal representa con impudicia el amiguismo y la proximidad con altos funcionarios del Poder Ejecutivo", sostuvo La Bancaria para justificar el pedido de apartamiento del fiscal Herrera.

El gremio añadió en el escrito que el "fiscal es un conocido obstructor de investigaciones a funcionarios públicos", y puso como ejemplo el archivo de la denuncia contra el actual senador nacional Sergio Mansilla (PJ) en 2007, por entonces secretario de Coordinación con Municipios y Comunas.

Bourlé, además, amplió la denuncia con la finalidad de demostrar que el ex interventor de la Caja Popular de Ahorros desoyó las recomendaciones de gerentes y asesores de la institución a la hora de ceder el Fondo de Garantía de esa entidad crediticia por Letras del Tesoro de la Provincia. Con ese propósito, pidió a la Justicia que se cite a declarar no sólo al ex interventor, sino también a la encargada de la jefatura de Seguros, al ex gerente general y a los asesores letrados de la Caja Popular.