"A la comunidad en general, al Gobierno en particular: los profesionales trabajadores de la salud no tenemos qué festejar el 1º de mayo". Así comienza el texto de la solicitada que publicaron en LA GACETA, el 30 de abril de 2009, hombres y mujeres de la sanidad de las áreas operativas de Monteros, Simoca, Concepción, Aguilares, Santa Ana, Alberdi, Graneros, La Madrid, La Cocha y los hospitales de Concepción y de Famaillá.

Ese texto denunciaba: "ostentamos el indecoroso privilegio de ser los profesionales peor pagados de la Administración pública provincial". Y también advertía: "tenemos la absoluta convicción de que bajo ningún punto de vista renunciaremos a nuestros lugares naturales de trabajo y estamos decididos a luchar y reivindicar con dignidad la profesión que ejercemos".

Ese documento marcó, para los autoconvocados, el inicio oficial de un conflicto que se destrabó el miércoles pasado, cuando el Gobierno acordó concederles mejoras en sus ingresos de bolsillo y en sus condiciones de trabajo.

Habían transcurrido 16 meses de una crisis que comenzó con movilizaciones y siguió con hospitales cerrados: funcionaban las guardias y las emergencias pero los consultorios estaban cerrados y las operaciones programables, suspendidas. El Gobierno respondió con sanciones: desde los descuentos de sueldo hasta sumarios administrativos. En algún momento, se enviaron policías para garantizar que las puertas de los centros asistenciales estuvieran abiertas.

Entonces, el 26 de noviembre de 2009, llegó la mediación del Arzobispado de Tucumán, que distendió el enfrentamiento entre Gobierno y trabajadores durante el verano. Pero en enero, la Resolución 06 del Siprosa declaraba "servicio esencial a toda prestación y/o actividad que sea desarrollada por el personal del Siprosa". Y advertía: "toda acción u omisión que tienda a entorpecer o interrumpir los servicios esenciales es causal de sanción". Luego, hubo marcha atrás con la medida pero el clima había vuelto a enrarecerse y en abril, cuando no fueron citados a paritarias, los autoconvocados volvieron a vaciar los hospitales y a llenar las calles con marchas.

El Ejecutivo sostuvo que no dialogaría más que con sindicatos. Los no agremiados concretaron cinco jornadas de "paro total" y encararon la conformación del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas). Esto último les costó una división interna nunca superada. Un grupos de individuos ajenos al hospital Padilla golpearon a médicos en una asamblea. Los autoconvocados culparon a ATSA, que respondió que los agresores eran los profesionales.

En agosto, separaron al cirujano Carim Asus del Siprosa: no le renovaron la suplencia en el Centro de Salud. La protesta alcanzó su máxima virulencia y se instaló en la plaza Independencia la "carpa del luto". El Gobierno revisó la medida y llamó al diálogo. Y, al final, hubo acuerdo. El Ejecutivo otorgó mejoras laborales y en los ingresos, y los autoconvocados cedieron en varias de sus demandas.

LA GACETA le pidió a referentes de uno y otro sector un balance sobre el conflicto. Las autoridades dicen que el diálogo no debe interrumpirse. Los trabajadores advierten que sólo una etapa se ha cerrado: el conflicto está latente.