Enmarcado en un clima de permanente tensión debido a las medidas de fuerza llevadas a cabo por el sector taximetrero que propició un verdadero caos en la Ciudad (ver página tres), el Concejo Deliberante sesionó ayer con una agenda donde la temática primordial estuvo basada en otorgar nuevas reglamentaciones orientadas a regularizar el cuestionado Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros (SUTRAPPA).

De esta forma, el órgano deliberativo se aprestó al tratamiento y aprobación de manera unánime de cinco proyectos de ordenanza que posibiliten amainar los ánimos del sector, puesto el constante malestar suscitado por la falta de controles a la flota de vehículos que circulan por el ejido municipal, ya que buena parte de esas unidades no estarían en condiciones para hacerlo, constituyéndose esta situación en una proliferación de coches ilegales.

Vale resaltar que desde las bancas tanto oficialistas como opositoras se coincidió en el diagnóstico en razón que la repartición mencionada (SUTRAPPA) carece de un ordenamiento que le permita llevar a cabo correctamente sus funciones de administración y contralor, más allá que por parte de las alas refractarias al justicialismo se trazaran comentarios que tendieron a insinuar y acusar que en dicho organismo se desplegaban prácticas corruptas que involucrarían a funcionarios del municipio.

El primero que tomó la palabra para adentrarse en el tópico fue el radical José Luis Avignone (UCR) quien, en primer lugar, se vio molesto por las medidas de fuerza adoptadas por los taxistas y se refirió en un tono un tanto despectivo a uno de los impulsores de la protesta. En este sentido, caracterizó a Antonio Rodríguez (representante de ATIAT) como un "autotitulado secretario del gremio de taxis que nos predica insistentemente sobre la no transparencia del SUTRAPPA".

Seguidamente, el radical adujo que, de acuerdo a lo manifestado por el dirigente gremial existirían "sectores ligados a la política en el manejo, control y aprovechamiento de las licencias otorgadas". Por esta razón, Avignone consignó que se le requirió una lista con todas aquellas personas que estarían involucradas pero que no obtuvieron respuesta alguna a este pedido.

Más allá de aceptar irregularidades en la repartición, el correligionario también direccionó sus críticas a los propios taxistas. "Si ellos cumplieran con las ordenanzas para circular con la identificación correspondiente y apegados a las normas, la actividad ilegal no los perjudicaría, pero no cumplen nada", disparó.

"En el municipio no se mueven autos solos, sino también intereses económicos, hay agencias con una flota de autos impresionante que resultan los únicos beneficiados cada vez que se otorgan aumentos de tarifa", dijo Avignone.

Finalmente, el opositor señaló que "se hizo carne en la población que los únicos culpables de no controlar son los concejales y por eso pagamos el costo político, sin diferenciación partidaria".

Por su parte, Sandra Manzone (Coalición Cívica-ARI) insistió con su idea de intervenir y auditar el SUTRAPPA con la finalidad de obtener la información necesaria para realizar la investigación pertinente sobre las irregularidades detectadas en el sistema. "No necesitamos pruebas para saber que hay corrupción en este ente ya que su función se degeneró. Hace falta decisión política contundente del Ejecutivo municipal para sanear esta situación. Debemos conminar al SUTRAPPA para que en un plazo perentorio presente el listado de licencias otorgadas y en trámite", indicó la edil.

Un problema sin solución

En relación con el pedido de intervención aludido anteriormente, desde Fuerza Republicana, su representante en el recinto, Claudio Viña, alegó que dicho procedimiento sería ineficiente al resaltar que "Marcos Díaz (Secretario de Gobierno de la Intendencia) no tiene capacidad ni para otorgar una copia de un decreto y se lo pretende poner al frente de una intervención".

Desde el oficialismo, Esteban Dumit no quiso calificar como hechos de corrupción a las denuncias que pesan sobre el accionar del SUTRAPPA y señaló que los casos deben ser analizados de manera individual.

"Hay gente que compra licencias, lo que no está permitido, y lo certifica con la firma de una escribanía. Por la delincuencia de un propietario del vehículo que después desaparece no debemos endilgar todas las culpas al SUTRAPPA, acusando deliberadamente sin pruebas fácticas", indicó Dumit.

Sin embargo, el jefe de la bancada peronista aclaró que, en caso de verificarse las imputaciones, personalmente recurrirá a la justicia. "No voy a dejar que manchen mi prestigio porque se piense que tapo hechos delictivos, siempre y cuando esas denuncias sean reales", adujo ofuscado.

Otro de sus pares de filiación partidaria, como lo es Ignacio Golobisky, sin dar tantas vueltas en su alocución, destacó que "debe pensarse en cambios de fondo porque este es un sistema que pese a ser bueno en su concepción, falla en su aplicación". Al respecto, solicitó que resulta imperioso dotar de las herramientas específicas al municipio para que pueda instrumentar los controles pertinentes.

Germán Alfaro, delfín del jefe comunal Domingo Amaya, al momento de aludir al aspecto en tratamiento (aunque vale aclarar que los discursos se sucedieron en el período de Manifestaciones Generales, situación llamativa si se tiene en cuenta que con posterioridad el orden del día estimaba el debate de este tema en particular) reconoció las falencias existentes aunque en todo momento cuidó de no endilgar culpas a su jefe político.

"Los taxis se transformaron en un problema que tiene el Municipio y hay que hacerse cargo, esa es la única solución a un tema preocupante. El servicio anárquico es un problema para nuestra ciudad", refirió.

Paralelamente, opinó que "el SUTRAPPA no es lo mejor para el municipio y no es lo que el Intendente quiso, es lo que tuvo a mano para regularizar la situación", manifestó.

Finalmente, remató que "debemos blanquear porque aquí hay funcionarios que se aprovecharon y tienen este negocio por lo que yo no pongo sobre mis espaldas errores de los otros y no apañaré o protegeré a nadie. No pongo las manos en el fuego por nadie, porque esto huele mal", advirtió Alfaro.

Pasado el mediodía, y luego de debatir otros proyectos, el cuerpo pasó a un cuarto intermedio para pulir algunos pequeños aspectos de las normas que versaban sobre el servicio de taxis. Al retornar al recinto, todo se circunscribió a un rápido trámite ya que se homologaron las normas tendientes a mejorar y regularizar el servicio en este tipo de transporte.

Instrumentan un registro único de choferes

Entre las reglamentaciones aprobadas por el Concejo Deliberante, uno de los principales puntos estuvo vinculado con la creación de una base de datos del "Registro Único de Choferes Titulares y Auxiliares", en la que deberán inscribirse todos aquellos conductores que revistan esta calidad.

A partir de ello, la Autoridad de aplicación emitirá una ficha personal la cual deberá adherirse al vehículo como requisito para poder ser autorizados a prestar el servicio, dicha ficha tendrá una vigencia de un año y deberá ser renovada luego de cada período.

Se dejó claramente establecido también las prohibiciones de la prestación del servicio cuando no tuviere la licencia habilitante o la misma se encuentre vencida, no se posea cobertura aseguradora, no tuviere vencidos certificados de inspección técnica y mecánica o bien no se exhiba en el vehículo la ficha habilitante.

Finalmente, se dispuso como período de regularización administrativa un término de 90 días en el cual deberá registrarse todo aquel conductor de vehículo afectado al SUTRAPPA, para que se expida la ficha personal y de esta forma estar autorizados y habilitados a prestar el servicio. Los cambios normativos merecieron el acompañamiento unánime de los ediles.