El lunes 12 de noviembre debían ser presentadas las dos listas de candidatos ante la Junta Electoral. Encabezadas una de ellas (la lista oficial) por el doctor Carlos Rearte como presidente y como vicepresidente el doctor Carlos Arenillas. En tanto en la lista opositora se encontraba el juez camarista doctor Joaquín Cabral secundado por el doctor Ludovico Pala.

Pero el 13 de noviembre en horas de la mañana fue remitida a la Junta Electoral, desde la ciudad de Río Turbio donde se encontraba constituido el Tribunal Oral por razones laborales, la nota de retiro de la lista opositora encabezada por el doctor Cabral. En la misiva manifestaba haberse comprobado una serie de irregularidades producidas por integrantes de la lista oficialista y algunos “adeptos judiciales con jerarquía funcional” que, según el candidato, “habrían ejercido presión son sólo sobre los asociados sino también sobre los integrantes de la lista opositora”.

El doctor Cabral, que tiene 45 años y es nacido en Río Gallegos, se recibió en la Universidad de Buenos Aires. En 1994 ingresó al Poder Judicial en el Juzgado Penal número 1 como escribiente mayor contratado, con trabajo en la mesa de entradas y sala de audiencia. Ya en 1996 fue secretario Penal del Juzgado del Menor de nuestra ciudad capital.

Un año más tarde ocupó el cargo de secretario de Instrucción en el Juzgado Penal 1. Ya en 1998 fue secretario de Recursos del Juzgado de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial de Río Gallegos. Actualmente es juez en la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz.

Hoy, con más de 16 años de trabajo constante en pos de los intereses comunes, desempeñando distintos cargos administrativos, académicos, económicos y financieros el doctor Cabral fue entrevistado por La Opinión Austral acerca de estas posibles irregularidades surgidas en el marco de las elecciones para la renovación de autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Santa Cruz.

En este sentido el camarista dijo que “resulta lamentable lo sucedido, sobre todo en el seno de una asociación civil de magistrados y funcionarios, quienes tienen la responsabilidad de cuidar la legalidad y la legitimidad de los actos llevando decisiones justas a la sociedad”.

Con respecto a los acontecimientos dijo que “en realidad todo se desarrollaba normalmente hasta el 8 de noviembre, donde en la ciudad de El Calafate nuestra lista ya estaba conformada con jueces y funcionarios referentes de distintas localidades y las expectativas a ganar las elecciones eran óptimas”. Sin embargo “horas antes de presentar las listas a la Junta Electoral comenzamos a recibir renuncias de colegas que se habían comprometido con nuestro proyecto, argumentando no querer tener problemas ni compromisos con los superiores y a los fines de preservarse se apartaban”. “Así comenzó el desmantelamiento de la lista que presidía, quedando sólo algunos resistentes que no alcanzábamos a llegar para poder participar y dar la posibilidad que los asociados elijan libremente a los responsables del destino de la institución que nos nuclea”.

“Más allá de lo acontecido”, continuó relatando el doctor Cabral, “por mantener mis convicciones y la propuesta de trabajo que hoy está necesitando nuestra asociación, ante la decisión de la actual conducción con asiento en la ciudad de Caleta Olivia y algunos referentes de Río Gallegos, de continuar con la administración y gobierno de la misma y a los efectos de no dividir a los asociados poniéndolos en una posición aún más incomoda frente a esta irregular situación, he tomado la decisión de dar un paso al costado y permitir que el oficialismo lleve adelante los destinos de la institución en el período que se avecina”.

Finalmente el magistrado expresó: “Desde ya que, pese a este apartamiento, sigue firme el compromiso de seguir trabajando, como siempre lo hice, para hacer crecer a nuestra institución sin importar la conducción de turno, procurando velar, en todo momento, por los intereses comunes y por un control estricto sobre los actos de conducción y de gobierno, para asegurar el bienestar, la defensa y la representación de todos los asociados”, puntualizó.