El legislador indicó que la iniciativa tiene como objetivo, por un lado, garantizar el derecho a la educación de las personas privadas de libertad, pero además busca que las cárceles cumplan con el cometido de la resocialización de las personas que infringieron la ley. Y, sobre todo, agregó, la iniciativa apunta a reducir los niveles de reincidencia delictual. A propósito destacó Baca que según la Organización de Estados Americanos, el 90% de los reincidentes no asistió a los programas educativos en cárceles, por lo que el organismo ha recomendado a los Estados miembro la puesta en marcha de programas educativos.

“La posibilidad de acceder y de avanzar en un proceso educativo contribuye al desarrollo de proyectos personales y esto, consecuentemente, favorece la reinserción social. En la medida que las personas, al cumplir sus condenas, se inscriben de una manera exitosa en la sociedad y salen de los márgenes, se potencia la convivencia, se reduce la vulneración de la ley y la comisión de delitos” graficó. Por eso, acotó, “deben implementarse los servicios educativos para que las personas encarceladas puedan contar con una oportunidad que redundará en beneficios tanto personales, como colectivos, porque es la sociedad misma la que se beneficia con la reducción de las conductas de reincidencia en el delito”.

El proyecto que promoverá el diputado radical apunta a que “el Poder Ejecutivo Provincial disponga las medidas necesarias para hacer efectivos los objetivos de la educación en contexto de encierro, asegurando el derecho a la educación a las personas que se encuentran privadas de la libertad, proveyendo de ámbitos apropiados para ello, adoptando las previsiones presupuestarias y reglamentarias pertinentes, fomentado la suscripción de convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas y la adopción de toda otra medida útil a la satisfacción plena e igualitaria del derecho a la educación”.

Precisó el legislador que “la Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro”.

El diputado Baca resaltó que “el Estado provincial tiene la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias”.

Recordó el legislador que Argentina ha ratificado instrumentos internacionales sobre derechos humanos que garantizan mejores condiciones de detención a los internos de una unidad penal. Entre ellas están la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, de las Naciones Unidas (1955).

EL PANORAMA EN ARGENTINA

El diputado Pablo Baca, precisó que según estadísticas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en Argentina “hay 50.000 detenidos alojados en 166 unidades penitenciarias provinciales y 30 dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Según los datos de la Estadística Penitenciaria Nacional realizada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Octubre 2002, el 34% de esta población tiene el nivel primario incompleto o ningún nivel de instrucción, es decir más de 15.000 personas. Y si bien en todas las unidades penitenciarias se ofrece Educación General Básica, sólo el 17 % de la población efectiviza sus estudios en las mismas”.

“El 60% de la población carcelaria se encontraría en condiciones de cursar el Nivel Medio, es decir 26.538 internos, sin embargo, frente a esta importante cifra sólo el 20% de las unidades penitenciarias tiene centros con esta oferta educativa. La oferta más difundida es la de cursos breves de Formación Profesional de diverso nivel y calidad, mientras que la oferta de educación superior no universitaria o universitaria es muy escasa y se centraliza en algunas jurisdicciones”, añadió el legislador.

Baca sintetizó el panorama señalando que “sólo el 29% de la población interna (15.000 personas) accede a los servicios educativos en las unidades penitenciarias”, realidad que busca revertir la iniciativa que tomará estado parlamentario apenas se inicie el periodo ordinario de sesiones.