Tras dos años y diez meses de gestión, vivió su momento de gloria, y así se lo hicieron sentir. El escenario estaba dispuesto para que la apertura de las puertas de la empresa reestatizada de aguas y cloacas se mostrara como un logro de su gestión. Por eso, Celso Jaque aprovechó y prometió la mayor dureza contra quienes derrochan agua y adelantó que no descansará hasta que los operadores que llevaron al colapso a la empresa hayan cancelado lo que les deben a los mendocinos. Además, anunció que se creará un ente recaudador de los pasivos de Obras Sanitarias y que se enviará a la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia operativa.

Las tarifas no escaparon a las preguntas. “Está claro que el cobro no es justo, porque no son los que más gastan los que más pagan”, dijo Jaque, pero también está claro que extender el sistema de medidores a toda la provincia llevará al menos cinco años y todo un debate sobre quién los financiará”, dijo. Así, el gobernador encabezó ayer un discurso con promesas de inclusión y búsqueda de consenso con la oposición. Por eso llamó a todos los partidos políticos con representación parlamentaria a que discutan junto a él el plan que deberá seguir la empresa reestatizada para retomar la prestación eficiente del servicio.

Más de 200 funcionarios, militantes y cientos de empleados escucharon el discurso, en el que abundaron los agradecimientos, las bromas y también las lágrimas. Sobre el incremento tarifario, Jaque no quiso poner fecha, pero admitió que será necesaria una recomposición antes de fin de año. Sin embargo, aclaró que las obras no se refinanciarán con tarifa. Quien fue un poco más claro sobre el incremento fue el presidente de la Aguas y Saneamiento Mendoza, Rolando Baldasso, quien dijo que se comenzará a discutir, pero será cercano a los 10 pesos por domicilio particular. El que cambiará radicalmente de funciones es el ente de control, el EPAS.

Jaque admitió que si bien ahora el principal prestador es el Estado, “también es un servicio monopólico, y por eso es importante el control”. El EPAS, uno de los principales responsables de la desinversión histórica de los privados, ya elevó una propuesta al gobernador, y en el escrito firmado por Javier Montoro, titular del organismo, intenta defender al ente regulador negando que sea el Estado quien controlará al mismo Estado. Pero, para esto, Montoro cree que debe ser independiente en el plano financiero.

La idea es que figure en el presupuesto provincial como un organismo autárquico. Hoy se financia con la tasa de Control y Sostenimiento y con fondos del Ministerio de Infraestructura. Incluso, Montoro planteó que los cargos no deben remplazarse al compás del gobernador, es decir, cada cuatro años o antes de ese período. Algo similar a lo que ocurre hoy en el Departamento General de Irrigación. Otra de las cosas que se le propone es que todos los directores (hoy son cinco) pasen por el filtro del Senado.

Sobre lo que no hay una postura tomada es sobre quién debe elegir al presidente, porque Montoro considera que debe seguir siendo el poder político quien lo designe, pero otros consideran que la capacidad técnica debe ser lo que prime. Aunque en esto último tuvieron una mala experiencia con la conducción del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), porque la dirección actual ha significado un escollo a partir de su pelea con el titular de Infraestructura, Paco Pérez. Una de las incógnitas que deja Obras Sanitarias es cuánto es el pasivo en la facturación que deberá cobrar el ente residual. Una especie de organismo como el que se creó para recuperar los pasivos de los bancos Mendoza y de Previsión Social y que, en principio, funcionará en el EPAS.

Los consultados dicen que no está calculado pero que hay deudas de los municipios, de Irrigación y de privados. Rolando Baldasso consideró que hay diferentes escenarios en relación a lo que sucederá con la tarifa. Según él, se está hablando de valores muy lógicos, como aumentar unos 10 pesos más (en promedio) de lo que se está pagando ahora. El funcionario negó de plano que el aumento que se está estudiando llegue a 50 por ciento. Baldasso fue optimista y dijo que el control se hará para evitar el derroche y con la misma cantidad de personal. Y así tiró una idea sobre la mesa, porque adelantó que podrían ponerse medidores en los domicilios donde se detecta el derroche, en lugar de multarlos. La emergencia operativa quedará plasmada en una ley.

Tal como reveló El Sol en su edición de ayer, se está preparando el texto que prevé la decisión de eximir a la empresa del impuesto a los Ingresos Brutos, además de la interrupción del canon a las comunas y la ocupación forzosa de pozos subterráneos, hasta la imposibilidad de que las privatizadas corten el servicio si Aysam no puede pagar las facturas.

Cazabán le contestó al radicalismo

Las críticas al radicalismo y al vicepresidente Julio Cobos no faltaron, más allá de que los dirigentes de la UCR hayan estado ausentes. El encargado de recordarlos fue el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, quien, luego de la apertura de la empresa Aguas Mendocinas SA, indicó: “Hoy estamos recuperando una empresa que fue destruida porque ellos (la UCR) no hicieron nada”, y agregó: “Nosotros hablamos con hechos”. Cazabán también aseguró que el estado de la ex Obras Sanitarias Mendoza se debe a la desidia de los sectores privados “y de los dos gobiernos radicales”, haciendo referencia a las gestiones de Roberto Iglesias y Julio Cobos. Justamente, Cazabán también criticó a este último, asegurando que tiene una doble postura, ya que por un lado tiene un discurso conciliatorio, y por otro festeja el insulto y el agravio. “Nosotros hablamos con hechos, y la gente entiende hechos y no discursos y palabras huecas o posturas hipócritas”, finalizó el funcionario, en un mensaje expresamente dirigido al radicalismo, que el fin de semana criticó al Ejecutivo durante la reunificación de cobistas y radicales