Mientras corre el plazo judicial otorgado por la jueza Sandra Saidman a Resistencia para reubicar la disposición de residuos, la intendente Aída Ayala se quejó por el “doble juego” del gobierno, de intimar a la comuna a cumplir con la ley de Residuos Sólidos Urbanos y, por otro lado, quitarle las herramientas para avanzar hacia la regularización del sistema con la elección del predio donde se erigirá el Centro de Disposición Final. “No existe voluntad política. El gobernador dice una cosa, los ministros y los diputados dicen otra”, sentenció, y aseguró que “están utilizando la ley como un mecanismo de coacción”.

La jefa comunal reveló que la Municipalidad invierte hoy cerca de un millón de pesos para la disposición final de residuos. Y aseguró así que no es un problema la inversión, ya que significa una prioridad. “Ningún otro municipio tiene un sistema de enterramiento como el nuestro, que tampoco es lo ideal porque debe ser sanitario para no contaminar las napas”, sostuvo en declaraciones a Radio Universidad. De ahí que resaltó que sólo es necesaria la decisión política del gobierno para la expropiación del terreno donde se hará la disposición final de la basura.

“Dentro de 20 días, cuando se cumpla el plazo, tampoco tendremos el terreno. Se utiliza este mecanismo con mala intención y no como una política de Estado”, lamentó la intendente. Así se refirió al emplazamiento del Juzgado de Faltas de Barranqueras, que el miércoles determinó un plazo de 20 días para que la comuna capitalina seleccionara otro lugar donde depositar los residuos, ya que no podrá volver a hacerlo en el basural de Soberanía Nacional y Nicolás Rojas Acosta.

Laberinto sin salida

Asimismo, al hablar de la sesión ordinaria del miércoles en la Cámara de Diputados, Ayala recordó que el proyecto para expropiar un terreno en Colonia Baranda, donde se erigirá el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos, fue presentado por un diputado de la Alianza, pero “siendo una idea del gobierno provincial, lo pasaron para tratamiento dentro de tres semanas”.

“Lo hacen para que la justicia nos vaya a cerrar dentro de 20 días la disposición final. Y si vamos a un terreno en Resistencia, la jueza llegará para clausurarlo. Entonces, están utilizando la ley como un mecanismo de coacción”, advirtió.

En ese orden, puso como ejemplo de contraste las piletas de oxidación de Sameep ubicadas en la zona sur de Resistencia. “Si se denuncia, el Ministerio de Planificación deberá hacer cumplir la ley y clausurarlas. Pero entonces, ¿dónde van las cloacas?”, planteó. Dijo en ese orden que sólo el 20 por ciento de la población tiene cloacas, y el resto tienen pozos negros y aguas servidas. “Si hacemos una denuncia, tendrán que construir las cloacas para todo Resistencia, pero ese dinero no existe”, indicó.

Recordó luego las reuniones de análisis de la ley de Residuos Sólidos junto con ministros del Poder Ejecutivo provincial. “Creímos en el espíritu de la misma, pero no pensamos que saldrían a matar a todos los municipios porque ninguno puede cumplir la norma. Y la verdad es que no se cumple por falta de recursos”, subrayó.

Todo en orden

Por otra parte, Ayala resaltó que luego de un día sin poder descargar los camiones con basura (por las sanciones que operaban), el municipio logró regularizar el sistema de recolección. “Está todo en orden”, aseguró.

Sin embargo, expresó su preocupación por “el avasallamiento” de la justicia sobre las facultades municipales. Y dijo que el Ministerio de Planificación utiliza a la ley de ambiente “como una herramienta, poniendo al borde del abismo a la municipalidad de Resistencia”.

Luego, dio cuenta la jefa comunal de la condición de la capital chaqueña como zona de humedales, donde no está permitido descargar residuos, al igual que tampoco en las localidades aledañas como Barranqueras y Puerto Vilelas. “Existe una franja habilitada, pero en terrenos no propios de la municipalidad. Entonces se necesita una ley de expropiación”, explicó.

En ese orden dijo que el miércoles los diputados tuvieron la oportunidad de aprobar el proyecto de ley ingresado por el legislador Sergio Vallejos (URC - NEA) en base a las pautas fijadas sobre disposición de residuos sólidos por el Ministerio de Planificación. “Sin embargo, siguen las chicanas”, lamentó Ayala.

La alternativa

Enseguida, la jefa comunal capitalina reveló que, pese a los cortocircuitos, el municipio trabaja con el Ministerio de Planificación y se evalúa como alternativa un predio en Margarita Belén, “salvo que el pueblo o la justicia nos digan que no, aunque sea un lugar adecuado”, indicó. Contó así que el gobierno municipal trabaja en una alternativa que “no viene de la Cámara de Diputados, donde no hay apoyo político”.

Pese al complejo escenario que se presenta, Ayala llevó tranquilidad a la población: “Como intendente es mi deber solucionar. Voy a encontrar los mecanismos necesarios aun en esta situación de presiones políticas, porque parece que se adelantó la campaña (del próximo año)”, resaltó.