El reclamo de los médicos autoconvocados comienza a ganar terreno, durante este 2010, en el marco de las tensiones y los cruces verbales que mantienen con el Gobierno de la provincia. A las exigencias por mejoras en las condiciones laborales y salariales que pregonan para el sector de la salud, se le adicionan otras aristas referidas a las posibles reprimendas en las que incurriría la administración comarcana contra aquellos galenos que se plieguen a las protestas.

En este sentido, ayer se llevó a cabo un paro por 24 horas en las instalaciones del Hospital Padilla, dejando de manifiesto el malestar suscitado por el desplazamiento efectivizado con una de las delegadas del movimiento "rebelde", Sonia Saavedra, que se desempeñaba en el servicio de Farmacia del mencionado nosocomio.

Así, los trabajadores sanitarios cortaron calle Alberdi para hacer sentir su repudio ante la medida planteada. Uno de los referentes del sector, Jorge Ramacciotti, tildó de "intempestivo" a este accionar ya que no había razones centrales que respalden el traslado de la profesional, al tiempo que recalcó que la comunidad hospitalaria en general, exigirá por vías administrativas y legales una pronta respuesta y solución ante el problema acaecido.

Resolución inconstitucional

En tanto, consideró que todas las medidas que se llevan a cabo de ahora en más, ante la negativa del Gobierno en ofrecer las soluciones que se plantean, consistirán en quites de colaboración "y otras de envergadura mucho más fuerte, pero tratando de ser lo más respetuosos posible con nuestros pacientes, en especial con aquellos que se encuentren más delicados", precisó.

Al mismo tiempo, se refirió en duros términos a la instrumentación de la Resolución 06 del Siprosa, rubricada por el Ministro del área, Pablo Yedlin que dispuso sanciones para aquellos médicos que no cumplan con la prestación de un servicio caracterizado como esencial para la sociedad, como es la función sanitaria. "Sería lamentable que el ministro siga adelante con la Resolución, porque desde el inicio es inconstitucional, no admite mayor análisis, ningún juez podría sostener esta medida. Este Gobierno está tornando habitual el tomar represalias contra aquellos sectores que no claudicamos ni tampoco nos entregamos, se ha convertido en un Gobierno dictador que persigue y reprime a los trabajadores", disparó Ramacciotti.

A su vez, ante la consulta sobre el proceso de negociación que intenta encararse con la gestión alperovista, el delegado del Hospital Padilla aseguró que la mesa de diálogo debe estar constituida por los "verdaderos defensores de los intereses del sector" pues de no ser así, sólo se asistiría a un acuerdo con "aquellos que patentizan una democracia sindical basada en el apriete ya que nos amenazan, nos panfletean, nos calumnian en las paredes, toda esa situación está muy enrarecida", en clara alusión a las agrupaciones sindicales como ATSA.

"Hay sectores dentro del Gobierno que no quieren que los Autoconvocados estemos en paritarias. Quieren boicotear el Acta acuerdo, para que no intervengamos, porque en la negociación vamos a pedir lo genuino para los trabajadores que es un aumento en la base de cálculo y un mejoramiento de las condiciones laborales", precisó.

Uno de las figuras del gabinete que mayores agravios cosechó en la diatriba galena, fue sin dudas la de Yedlin, a quien le exigen que presente de inmediato su renuncia, puesto el grado de "impericia" que posee para brindar una solución definitiva a este problema que se acarrea desde el año pasado.

Ultimátum al Gobierno

Más allá de esto, Ramacciotti consideró que el contexto en el que se encuentra inmerso el problema de la salud tucumana no debe endilgarse simplemente a nombres propios ya que "la renuncia de Yedlin es una interpretación política. Si está el o quién esté, debe actuar con equidad, con justicia y que no se olvide que nos representa a todos nosotros y no al Gobierno de turno".

Finalmente, el médico dejó en claro lo que puede catalogarse como un rotundo mensaje para las altas esferas de poder, al señalar que abrirán un compás de espera hasta el día lunes a las 11.00, con el objetivo que la gestión provincial brinde algún tipo de respuesta favorable a sus reclamos (en especial el de abstenerse a continuar con la metodología plasmada en la Resolución 06), de no mediar un esquema que satisfaga lo precisado "se decidirá con las bases los pasos a seguir, pero la consigna es que si toca a uno de nosotros nos tocan a todos. Lo del lunes es un ultimátum, de ellos depende", sentenció.

Otros de los puntales discursivos de la lucha médica fueron proferidos por uno de los delegados del Hospital de Niños, Guillermo Ramacciotti (hermano del profesional preopinante) para quien todo el accionar del Ejecutivo provincial está basado en "una planificación artera ya que, en este año, netamente electoral, quieren crear el clima acorde para obligarnos a manifestar de modo tal de llevarnos a no cumplir con el Acta rubricada en 2009, y así tener una excusa para reprimirnos y que las víctimas sean ellos".

A su vez, lanzó acusaciones emparentadas con argumentos denunciantes que hacían eje en la "intimidación" que comenzó a registrarse en los diversos nosocomios de la geografía local basada en la solicitud, por parte de personal que no establece identificación alguna, de una serie de informes, principalmente la acreditación o validación de delegados gremiales a quienes mantienen medidas de protesta en los hospitales. En alusión a este tópico, dejó de manifiesto que esto se relaciona con la Ley de Carrera Sanitaria a la que catalogó como "una instancia de sometimiento para los médicos".

Luego, insistió con una tesis que adquiere cada vez más fuerza en las filas de los galenos, fundada en que el alperovismo apela a las internas y fisuras del movimiento Autoconvocados para no tener que cumplir el Acta acuerdo "puesto que les duele y todavía se arrepienten de haber acudido en la ayuda de Monseñor. La firma de (Luis) Villalba es un condicionante para ellos", remarcó.

"Nunca sancionamos a nadie"

Respecto a la Resolución 06, que establece sanciones para aquellos médicos del Siprosa que no brinden el servicio esencial de salud, el Ministro del área, Pablo Yedlin, sostuvo: "Intentamos llevar a cabo una modificación de la resolución. No es el objetivo de la medida limitar el derecho a reclamar, no queremos que esto pueda confluir en un conflicto que se prolongue con el tiempo".

"Nunca sancionamos a nadie, pero se debe tener en cuenta que no bajaremos los brazos en los controles para asegurar la asistencia de los profesionales a los hospitales y que brinden el servicio, porque allí radica nuestra obligación", expresó finalmente..