Se trata del fallo pronunciado por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que declaró inconstitucional la Ley 8.228, que, tras haber prorrogado la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2011, atribuyó el carácter de inembargables -entre otros- a los recursos de los municipios. La resolución sólo tiene alcances para el caso promovido por el abogado Martín Pablo Palacios, que, en virtud de una regulación de honorarios, había accionado contra la Municipalidad de la capital.

El edil recordó que, si bien el municipio se adhirió a la Ley 8.228, aún no se ha conformado el registro de acreedores, que debe contener "la individualización de las deudas" y la elaboración de "propuestas da pago", como determinaron los vocales Salvador Ruiz y Horacio Castellanos.