Mediante un comunicado, el presidente del Bloque Pro de Avellaneda y titular del Partido Distrital del Pro, Daniel García, expresó su postura con respecto a la anunciada expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol: “Estoy convencido de que este nuevo embate del Gobierno nacional es claramente una confiscación y un avasallamiento a nuestra Carta Magna, que en su artículo 17 reza que la propiedad privada es inviolable”.

En este marco, el edil consideró inconstitucional el accionar y que quienes gobiernan quieren “disfrazar y cubrirse con la institución de la expropiación diciendo que actúan conforme a derecho, cuando en realidad dicha institución responde a otros fines y necesita que se den varios presupuestos, entre ellos que se cumpla con el objetivo de utilidad pública, que debe ser declarada por sentencia fundada en ley y previamente indemnizada en un valor económico equivalente al bien expropiado. En este caso, todos sabemos que estamos lejos de que se hayan seguido los procedimientos legales”.

Asimismo, denunció que “ni bien la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) hizo el anuncio en los medios de comunicación, mandó a sus funcionarios con un Decreto de Necesidad y Urgencia a la sede de YPF y obligaron a los directivos españoles a retirarse del edificio, sin una orden judicial, cuando es el Congreso quien tiene que aprobar la Ley de Expropiación. Estos hechos yo los tildaría como ‘vandalismo jurídico’”.

Por otro lado, marcó al Gobierno nacional de discriminador: “Se discrimina entre los accionistas, a Repsol sí y al resto no, ¿cuál es el criterio jurídico que utilizan? Evidentemente, la falta de inversiones o la caída de las reservas no es fundamento válido, ya que todas las empresas accionistas de YPF y otras petroleras que operan en la Argentina dejaron de invertir y sufrieron la caída de las reservas”.

En cuanto a su visión acerca de si preferiría la estatización o la privatización de YPF, García fue contundente al afirmar que “tanto la estatización como la privatización son herramientas, por lo tanto depende de cómo el gobierno las utilice, en este caso tendríamos que ver cómo se administran mejor los recursos con los que contamos; el Gobierno nacional siempre tuvo la facultad a través de las leyes vigentes de ejercer el control de las empresas privadas, y en estos años que llevan de gestión miraron para otro lado, fueron ellos quienes tuvieron la posibilidad de llevar adelante políticas energéticas serias, y tampoco lo hicieron, ¿qué nos garantiza ahora que los mismos personajes, estatizando YPF, hagan las cosas bien?”, enfatizó.

“En definitiva, la responsabilidad es totalmente del Estado, de este gobierno que no supo o no quiso controlar y, lo que es más grave aún, no supo construir una política energética que previera las consecuencias alarmantes que hoy tenemos que afrontar todos los argentinos”, agregó García.

“Lo que lograron con esta medida inexplicable es espantar las inversiones extranjeras que tanta falta nos hacen, crear mayor inseguridad jurídica, aumentar el riesgo país, dar una imagen lamentable ante el mundo de autoritarismo e intolerancia”, completó.