Luego de la aprobación de su pedido de informes por el Plan Federal de Viviendas, el concejal del FAP de Avellaneda Rubén Conde pidió que haya una regulación del Gobierno municipal sobre las construcciones realizadas en el marco de este programa.

Conde marcó, en diálogo con Info Región, que “la responsabilidad recae directamente sobre Nación, pero hay algunos niveles de contralor que el Municipio podría tener porque es quien hace las entregas”.

“Lo que estamos pidiendo es que haya una continuidad en la construcción de esas viviendas y que, una vez entregadas, también se vea la calidad y cómo se van deteriorando en poco tiempo”, planteó, y se quejó del estado de las casas.

Asimismo, señaló que “el plan era de casi 120 viviendas, se entregaron 28 y el resto está parado”.

Sin embargo, aclaró que sus críticas no se refieren a la mano de obra. “Esa fue la discusión que tuvimos adentro del Concejo con Verónica Juárez (PJ) especialmente, que milita dentro de la UOCRA”, mencionó.

“No nos quejamos de la mano de obra, sí de los niveles de los materiales con los que están construyendo las casas, que no son ni de segunda, son de cuarta, sinceramente”, enfatizó.

Conde indicó que “ponen, por ejemplo, paredes exteriores con ladrillos que deberían ser para divisiones internas, eso inmediatamente genera filtraciones. Hay ingreso de humedad en todos los techos y, cuando llueve, les entra agua por donde pasa la luz, la verdad es eso más la mala calidad que la mano de obra”.

“Si me decís que se entregaron hace cinco años y tienen problemas, bueno, pero estas viviendas se entregaron hace seis meses”, apuntó.

Acusó además que “tampoco fueron entregados los títulos de propiedad, los tienen de rehenes de la política, es: ‘Te entrego, pero vení a los actos’, esas cosas que no se pueden comprobar, pero que hablando con los vecinos te lo comentan”.

Para Conde, hay dos fallas, “una es que las empresas que tienen la licitación buscan maximizar sus ganancias a través de la baja calidad de los materiales y segundo, que desde el propio estado nacional o municipal, no hay un contralor de la calidad de esos materiales”.

“Te queda la duda de si el Estado es bobo, que deja pasar las cosas, o es un Estado cómplice que es parte del negocio”, aseveró.

Para que este proyecto fuera acompañado por el bloque PJ se suprimieron los considerandos. De esta forma, fue sancionado y ahora el Ejecutivo tiene 10 días para responder.

“La Secretaría de Obras Públicas es la que debería tener esa información, porque son convenios que firman ellos, y tienen que tener la información de qué cantidad construyeron, que cantidad entregaron, qué cantidad faltan entregar y qué calidades tienen esas viviendas”, sostuvo.

“Estamos buscando que el Estado no sea bobo, que sea controlador de las construcciones que se hagan, y tener, hacia adelante, la posibilidad de que se mejore la calidad y, hacia atrás, intentar que el Estado también se haga cargo”, enunció.