El encuentro contó con la participación del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Guillermo Federik, y el doctor Homero Rondina, experto nacional en la materia, así como de funcionarios y representantes de las áreas jurídicas y financieras del Poder Ejecutivo. Asimismo, participaron representantes de las delegaciones Entre Ríos de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y de la Cámara Argentina de la Construcción.

El ministro Federik resaltó que el objetivo al que se apunta con la elaboración de esta propuesta es el de poder generar una herramienta “para que el Estado provincial pueda llevar adelante una política de obras públicas adecuada”, por medio de “instrumentos aptos, seguros y confiables que puedan brindar, entre otros beneficios, agilidad a los trámites y procedimientos”.

“Respetamos las leyes que están vigentes y que sirvieron durante tanto tiempo, pero ha cambiado mucho el mundo y la actividad y necesidad de la gente. La obra pública es una herramienta insustituible para cualquier gobierno, porque no solamente satisface a esas necesidades, a esas carencias, a esos derechos de la gente, sino que también moviliza mucha inversión, da trabajo a los obreros, permite que los empresarios y los contratistas también tengan ocupada su empresa, su maquinaria, su capital”, apuntó por su parte Rondina.

En ese contexto, sostuvo: “En lo que nos toca, desde el punto de vista oficial, administrativo y gubernamental, hay que tratar de que las normas sean simples, sencillas, efectivas y eficaces”.

En ese sentido, habló de un “gran entramado y una gran lentitud en la gestión, una gran sucesión de trámites y controles innecesarios” producido por las normas actuales. “Queremos que se controle todo lo necesario pero dentro de la agilidad, la prontitud y la eficacia que debe tener toda legislación en la vida actual”, expresó.

Rondina sostuvo, también, que con una nueva ley y su debida reglamentación y organismos de aplicación necesarios, “vamos a tratar de dotar al Estado de la eficacia y la rapidez con que actúa la empresa privada, preservando los intereses comunes. Después de todo, el fin principal del Estado, tanto en la obra pública como en la gestión de todos los días, es cuidar del bien común, es gobernar para la gente, ahorrar dinero en lo innecesario y aplicar los recursos que vienen del trabajo de la gente y de los impuestos a satisfacer necesidades. De eso se trata simplemente”. (APF.Digital)