La comisión parlamentaria de legislación general del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, retomó ayer el análisis de la ampliación urbana, que incluida en el Código de Planeamiento será tratado como etapa 1 de tal plexo, en función de la celeridad por la que se requiere dicha ampliación.

Se trata de la incorporación al ejido de antiguas áreas rurales, ocupadas hoy en gran parte tras la comercialización de loteos privados. Bajo tales parámetros, los ediles recibieron ayer al subsecretario municipal de Tierras, Alberto Parada, y a la directora de Catastro, Silvia García, en un encuentro de trabajo que continuará el viernes, para avanzar con la disposición de tales áreas, que quedarán definidas como “zonas suburbanas”.

Al término de la reunión, que se extendió por más de dos horas, Parada explicó en diálogo con Radio del Mar que el nuevo ordenamiento abarcará a una gran cantidad de vecinos, como los residentes del loteo Los Tres Pinos y que se trata de regularizarlos bajo los parámetros de las “suburbanizaciones”. Una de sus bases está dada en las dimensiones de los lotes, mayores que los comúnmente destinados a viviendas.

El funcionario apuntó además a las exigencias que se impondrán a los privados al momento de subdividir los antiguos campos para la venta de lotes. Será requisito principal para la transacción inmobiliaria el acceso a los servicios básicos.

Hay que destacar que el trabajo en tal sentido surge de la problemática suscitada en torno al loteo mencionado como ejemplo, cuyos vecinos carecen de mensura por tratarse de tierras rurales y con ello están imposibilitados de gestionar servicios básicos.

El consecuente reclamo recae en la comuna, cuando deberían haber sido proporcionados por el privado que vendió los terrenos. Bajo estos parámetros legales que se trabajan actualmente, se exceptúa la responsabilidad municipal en el contexto de la obligatoriedad del propietario, fijada además en la legislación provincial.

“El municipio no puede inmiscuirse en los terrenos privados, por lo tanto le vamos a exigir a los propietarios de campos que quieran vender lotes, que cumplan con las normas legales referidas a servicios. Ellos venden el lote y se sacan el problema de encima”, cuestionó Parada, sintetizando que en muchos casos hubo desidia de privados, dejando a la gente en el medio de problemáticas.

Indicó en tal caso que la ordenanza marco contemplará sanciones, además de especificar que se trabajará puntualmente en las dimensiones a autorizar para los lotes comercializados bajo estos parámetros.

POZOS PETROLEROS

Como otra problemática a solucionar, Parada expuso la gran cantidad de pozos sin o mal sellados, y que hacen que Comodoro Rivadavia sea un “queso gruyere” en cuanto a la disponibilidad para la urbanización. Anticipó en ese marco que YPF sellará durante 2012 cerca de 20 de ellos y que la requisitoria será extendida a otras empresas, para poder liberar tierras a efectos urbanizables.

El funcionario se refirió además a la modificación de la Ordenanza General de Tierras sancionada el jueves. Recordó el énfasis puesto en las penalizaciones a las usurpaciones u ocupaciones ilegales, aunque también hizo un mea culpa en cuanto al rol del Estado en los controles relativos.

Expuso que existen casos de ocupaciones ilegales que con el transcurso del tiempo se consolidaron, con construcciones de material y núcleos familiares habitándolas, por lo que antes o después -siempre y cuando no se erijan sobre radios de seguridad de pozos petroleros– habrá que regularizarlos, afirmó.

Bajo estos parámetros, dijo que la Subsecretaría de Tierras implementó un sistema de cuatro unidades dedicadas a relevar la cantidad de ocupaciones que están en condiciones de regularización.

Dijo además que hay 470 familias instaladas en radios de seguridad de pozos petroleros, que no pueden regularizados, y que para reubicarlos, se requiere un banco de lotes de al menos 3.000 terrenos, que no se tienen hoy.

En cuanto a la actual situación habitacional en Comodoro Rivadavia, dijo que la demanda de tierras abarca 4.700 pedidos o expedientes, y que sumado a las familias que requieren regularización, se necesita una disponibilidad cercana a los 7.000 terrenos.