Rodeada de amparos y peleas por la tarifa, la autopista Buenos Aires - La Plata se encuentra en el centro de una pelea empresarial, donde Nación y Provincia coinciden en el mismo plan político
Coviares, en desventaja, mira con atención los movimientos, sin elevar la voz ni esbozar algún reproche. Su posición no es la más favorable, por lo que sólo apuesta a una razonable negociación.
La autopista Buenos Aires-La Plata genera por día una recaudación bruta de aproximadamente 800 mil pesos, con una circulación diaria calculada en 205 mil vehículos, que la convierten en una fuente de ingresos segura y elevada. Coviares es la empresa que está a cargo de su concesión desde los inicios, en 1995, cuando se habilitó el primer tramo, entre la ciudad Autónoma de Buenos Aires y Quilmes.
El proyecto siguió sin pausa, hasta llegar a 2002, cuando se habilitó el tramo Hudson-La Plata, de 25 kilómetros de longitud. La obra provocó grandes cambios, ya que a través de dos carriles permite conectar a ambas capitales en media hora de viaje. Pero la tarea implicó un desembolso cercano a los 400 millones de pesos, que la firma logró obtener a través de un crédito de varios bancos, entre los que se encuentra, fundamentalmente, el de la Provincia. Actualizada, la deuda ascendería a mil millones de pesos.
En un principio, la misma se canalizaba a través de un fideicomiso que administraba Bapro Mandatos, que retenía el cincuenta por ciento de lo obtenido por el cobro de la tarifa. Así se garantizaba el pago de la deuda, con lo producido por el peaje.
Pero en 2002 el Gobierno nacional, a través de la Unidad de Renegociación de Tarifas, congeló los aranceles, fijándolos en 2 y 2,20 pesos. Con el tiempo esta situación fue denunciada por Coviares, que observó una baja en sus ingresos. La ecuación no le estaba resultando conveniente. Si pagaba la deuda con tarifas estáticas no tenía posibilidad de hacer frente a las obras y mantenimiento convenidos en el contrato de concesión. Al menos eso decía la empresa. Y tuvo apoyo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Capital Federal, que en 2008 le aceptó el amparo que la eximía de pagar la deuda, en tanto la tarifa estaba congelada.
La balanza se inclinó, y esta vez perjudicó al Bapro. Luego, como una cadena de reclamos, comenzaron a litigar para poder subir el peaje; hubo fallas que volvieron a detener esta situación, hasta llegar a 2012 con una decisión tomada.
El 10 de octubre se firmó un acuerdo entre Nación, Provincia y Coviares, en el que se formuló el convenio de transferencia de los derechos sobre la autopista a la Provincia.
Poco más de un mes después, el 21 de noviembre, el Gobernador elevó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que ratifica el acuerdo.
La tutoría provincial sobre la autopista es parte de una lógica que incluye al vial de la costa atlántica, que hoy está en manos del empresario Eduardo Eurnekian y el grupo Roggio.
Se presume, por lo actuado hasta el momento, que el Gobierno nacional y la Provincia buscan capitalizar la deuda de Coviares, por lo que podrían quedarse hasta con -en el mejor de los casos- el 70 por ciento de la empresa.
Con mayoría se avanzaría en una concesión que abriría las puertas a las firmas mencionadas, hoy cercanas al oficialismo.
En los planes de estos empresarios está el extender el negocio vial.
El oficialismo pretende, entonces, que el proyecto se apruebe antes de que culmine el año, para, de esa manera, redefinir las concesiones. En la actualidad, por decisión del Gobierno nacional, existe una intervención encargada de realizar una auditoría.
También, por un amparo de diputados denarvaístas, está pendiente otra intervención, y la posibilidad de aumentar los peajes, aunque en ese caso bajo promesa de concretar las obras adeudadas. Pero en la Legislatura los tiempos no se muestran tan acelerados.
Hasta el momento solamente hubo una reunión formal, presidida por el jefe del bloque de Diputados del FpV, Juan de Jesús, y la asistencia de su par Gabriel Bruera.
La oposición exigió la presencia del ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, para que informe sobre los detalles del
traspaso, pero en el ámbito de la comisión de Obras Públicas, que está presidida por el radical Carlos García.
Ninguna de las peticiones fue atendida hasta el momento. El tema también genera internas en el FpV, que, desde el sciolismo, exige acelerar los tiempos de negociación legislativa para aprobar la ley y avanzar sobre la valiosa autopista.
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