En distintos medios regionales y provinciales se dio por hecho la supuesta rescisión de la concesión del tramo entre Luján-Carlos Casares a la empresa H5 SA, que incluye Chivilcoy, y aunque por el momento dicha información no fue confirmada por ningún organismo nacional vinculado al tema, según pudo averiguar LA RAZON en estas horas se estaría firmando la caída del contrato con esta concesionaria vial.
Este dato surgió del diario La Opinión, quien entrevistó a una de las integrantes del Grupo Autovía Ya, que promueve la construcción de la autovía, Estela Zambiasio, quien explicó que “se tomó esta decisión ante la falta de mantenimiento de la ruta y porque no se han hecho las obras establecidas en el contrato que se firmó oportunamente con la empresa, concretamente la construcción de la autovía en ese tramo”.
La abogada consideró que “se trata de un paso importante”, aunque al ser tan reciente todavía no se sabe quién se hará cargo de ese tramo, si lo hará el gobierno nacional a través de Seguridad Vial o si será concesionado a otra empresa.
Sin embargo remarcó que “estamos muy encima de las decisiones que se tomen, porque muchas veces se la quitan a una empresa y después se la dan a la misma firma que figura bajo otro nombre”.
Extraoficialmente, LA RAZON pudo averiguar que este paso se estaría dando en las próximas horas y que Vialidad Nacional estaría en pleno proceso de rescisión y se cambiaría de concesionario.
Respuesta del Ministerio de Planificación
En tanto, días atrás, el pedido realizado por Defensoría del Pueblo de la Nación al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios había sido derivado a Vialidad Nacional, con el argumento que dicha entidad es la que está tramitando dicha medida.
En el sitio web del Ministerio Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, se publicó una nota en la que se dio a conocer la respuesta del Secretario de Obras Públicas, José López a la Defensoría del Pueblo de la Nación, acerca de la rescisión del contrato de la Ruta Nacional N° 5 a la empresa HOMAQ.
En su respuesta el funcionario informó que con fecha 2 de enero de 2013 se recibió la presentación del Defensor del Pueblo de la Nación –Expediente 505350/2012- la cual fue derivada el 3 de enero a Vialidad Nacional para que intervenga en la materia, ya que este organismo es la autoridad de aplicación que debe resolver la rescisión del contrato.
En tal sentido, el funcionario destacó que Vialidad Nacional viene gestionando la rescisión del contrato y que de hecho en la licitación de los corredores viales nacionales esta pautado que, en caso de efectivizarse dicha rescisión, estas rutas entrarán bajo la órbita del corredor N° 2.
Por lo tanto, López sostuvo que si el Defensor del Pueblo necesitaba realizar alguna consulta acerca del estado del expediente bien podría haber solicitado una audiencia con el director de Vialidad, ya que el expediente es público, en lugar de pedir información a través de los medios de comunicación.
El pedido de la Defensoría del Pueblo
Ante múltiples reclamos realizados por usuarios y concejales de Carlos Casares por el deficiente estado de la ruta nacional Nº 5 y la falta de construcción de la denominada Autovía Luján-Carlos Casares, la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la rescisión del contrato de concesión respectivo. Además, y hasta tanto se resuelva la situación, propuso que se evalúe suspender el cobro del peaje que actualmente abonan los usuarios de la ruta Nº 5, ya que están abonando la tarifa sin la debida contraprestación, conforme las obras comprometidas e incumplidas, según publicó este organismo en su sitio web.
En su argumentación la Defensoría explicó que la concesión de la ruta nacional Nº 5 se desarrolla a lo largo de 248 km, y que “el Estado nacional se hizo cargo de la ejecución de la autovía en los primeros 28 km. mientras que la concesionaria HOMAQ S.A. debía ejecutar los 112 km siguientes para continuar luego con una obra de banquinas en los 108 km finales”.
Indicó que “entre los incumplimientos detectados pueden señalarse la falta de tareas de mantenimiento, que ha permitido que en la calzada se formen baches, fisuras, hundimientos, desplazamientos con deformación, ahuellamientos; la deficiente señalización y la falta de inicio y ejecución de las obras en los 3 primeros años de la concesión. Por actas de constatación que datan del 2008 hasta la fecha, surge que el OCCOVI no impuso multa alguna a la concesionaria”.
La Defensoría nacional, a través de sus investigaciones, dijo haber determinado “que han existido demoras e incumplimientos en las obligaciones oportunamente pactadas y que las mismas son atribuibles de manera exclusiva a la concesionaria. Los usuarios están actualmente abonando una tarifa de peaje sin que la empresa haya efectuado las obras comprometidas”.
'De todo lo reseñado - consigna Anselmo Sella, Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación-surge que el contrato de concesión resulta inviable, razón por la cual el Estado nacional debe arbitrar medidas a la brevedad para rescindirlo, garantizando la seguridad vial de los usuarios que transitan la ruta Nº 5' y que 'el Estado tiene derecho a rescindir el contrato cuando el contratista actúe de modo fraudulento, con grave negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones contractuales, como lo puntualiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia'.
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