La provincia de La Rioja estuvo representada por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Felipe Álvarez, quien expresó, tras el encuentro, que en el marco de la constitución de la OFEMI, conformada en el mes de febrero, se tomaron dos decisiones importantes, por un lado se realizó una reunión de trabajo con la Secretaría de Minería de la Nación, representantes de algunos gobiernos provinciales que conforman la OFEMI, más organizaciones no gubernamentales, sociedades intermedias, con el fin de avanzar en la elaboración de un protocolo de buenas prácticas en materia de minería, que servirá para la exploración y explotación de los recursos naturales minerales y que será exigible a las empresas, al igual que al gobierno provincial y las provincias.

“Este protocolo prevé la participación ciudadana de las diferentes sociedades intermedias, asociaciones civiles que trabajan en la defensa y preservación del medio ambiente y es importante destacar que cada proyecto minero debe tener la factibilidad social, la aprobación de la sociedad, además de factibilidad económica de acuerdo a la región que incluya y de los minerales de explotación”, precisó el Ministro.

Por otra parte remarcó que es clave para todo esto el Acuerdo Federal Minero, que fue firmado por los 10 gobernadores que conforman la OFEMI y el gobierno nacional a través del ministerio de Planificación Federal, “el que tiene por objeto asumir un compromiso mutuo, de implementar una política minera consensuada, reconociendo siempre el derecho de propiedad de las provincias sobre los recursos minerales y preservando el hábitat y el medio ambiente de cada una de las regiones”.

Álvarez consideró que estas dos iniciativas “son fundamentales y marca el grado de decisión del gobierno nacional de avanzar en políticas de desarrollo con inclusión social, conformando la matriz productiva del país” y agregó que “el protocolo deberá estar listo en los próximos días, aproximadamente en un mes, para ser aplicado en las provincias y también prevé la participación de los pueblos originarios de cada una de las regiones, por lo que se trata de una política de Estado para el desarrollo de la minería con cuidado del medio ambiente”.