Funcionarios de las provincias, involucradas en el decreto 699, que prorrogó los beneficios de la Promoción Industrial en la región se reunieron en San Juan para acercar posiciones a cerca de los alcances de la norma.

En el encuentro estuvieron presentes los funcionarios de Mendoza, provincia que lidera el frente opositor al decreto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el 20 de mayo pasado, pero que tras conversaciones entres sus gobernadores -Celso Jaque, Eduardo Brizuela del Moral y Beder Herrera, respectivamente- ahora busca una estrategia para proteger sus intereses sin perjudicar a sus vecinas.

En realidad, los mandatarios tienden puentes para evitar que la Justicia falle en la presentación que el Estado mendocino realizó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en vistas de que una solución política será mucho más rápida y menos abstracta que lo que digan los jueces.

El secretario de promoción de Inversiones de la Provincia, Miguel De Gaetano, le dijo a NUEVA RIOJA que el Gobierno mendocino volvió a mostrar predisposición para "no cuestionar la continuidad de los incentivos en La Rioja", debido a los índices económicos y sociales que continúan siendo preocupantes, comparado con la situación de otros distritos, óptica que también se haría extensiva a la provincia de Catamarca.

"Son conscientes de que ambas provincias necesitan políticas de fomento para poder desarrollarse y crecer", señaló De Gaetano al respecto.

No obstante seguirían los reparos para los distritos cercanos como San Juan y San Luis, aunque también se analizaron algunas alternativas para proponer a nivel nacional.

Asimismo De Gaetano, informó que en la reunión se dejó en claro que el decreto "sólo alcanzará a las actividades industriales y no promoverá ni al sector agropecuario, ni ganadero, ni turístico", como lo temía Mendoza cuando salió a la luz la voluntad de la Nación de conceder lo que, por sobre todas las otras provincias, La Rioja venía solicitando con insistencia y en tal sentido los enviados de Jaque solicitaron que la posición quede expresada taxativamente en los convenios particulares que cada provincia firme con la Nación para poner en práctica el decreto.

Además la provincia cuyana exige un compromiso para que las provincias beneficiadas no permitan la radicación de empresas oriundas de su territorio, y de esta manera eviten la deslocalización.

En la mesas de diálogo, "Mendoza solicitó un tiempo para analizar lo conversado y los principios de un potencial acuerdo, con las cámaras empresarias que estaban preocupadas por que creyeron que el decreto de promoción alcanzaba a todas las actividades y movilizadas por los efectos que esto podría traer a su economía en general, salieron a apoyar la medida judicial planteada por el gobierno", explicó el funcionario riojano.

Aunque no lo dijeron los funcionarios, en el planteo los mendocinos tuvieron en cuenta que ese pedido generó una situación incómoda con la Nación, porque cuestionaron un instrumento fiscal que lleva la firma de la Presidenta.

Alternativas

Mendoza también solicitó que en el caso de que empresas radicadas en provincias promocionadas, necesiten algún elemento o producto que se desarrolle en Mendoza, que puedan hacerlo a través de un mecanismo compensador, como una tasa subsidiada, para que la empresa no pierda competitividad en el rubro.

En este sentido también solicitó mantener una negociación puntual con San Juan, cuyas capitales están separadas por 150 kilómetros a fin de que no perder la inversión de empresas que opten por la región.

Decisión política

De Gaetano dejó en claro que los avances que hubo en la reunión se presentaron a los gobernadores y ellos son los que decidirán el camino a seguir y el tiempo y la oportunidad para continuar en ese camino o revisar algún aspecto de lo conversado.

La aclaración devino a las noticias publicadas en la prensa de Mendoza que desconocen un virtual acuerdo entre los gobernadores.

Sucede también que esta instancia, Jaque es consciente que dar marcha a trás con la presentación judicial le demandará un costo político difícil de remontar.

No obstante la jugada del Gobernador tiene como objetivo de máxima recomponer su relación con la Casa Rosada, que pese a las desmentidas de ambos lados, no son las mismas que antes de que se conozcan la ofensiva mendocina contra el decreto presidencial 699.