Aunque no son la panacea, las cámaras de seguridad urbana han mostrado eficacia en la lucha contra el delito, y es por eso que vecinos y comerciantes buscan colocarse bajo su paraguas protector. Sobre todo en una ciudad tan castigada por los robos, los atracos y las salideras como sin dudas lo es la nuestra.

Sin ir más lejos, durante un encuentro que acaba de realizarse en Sud América (club de 528 entre 4 y 5), la Asociación de Comerciantes de la Zona Norte dialogó sobre esos dispositivos con los funcionarios del Centro de Monitoreo público de la Municipalidad de La Plata (MOPU).

Según indicó a Hoy el director de ese organismo, Juan José Rivademar, los directivos recibieron información sobre el funcionamiento de los equipos y se les entregó un plano con los sitios en los que a priori se instalarían las cámaras, para que lo estudien y realicen sugerencias.

La respuesta, que llegaría en los primeros días de octubre, será evaluada por los equipos del MOPU y, llegado el caso, se corregirá (o no) la ubicación.

“Se busca que sean los vecinos los que decidan dónde ubicar cada cámara, ya que son ellos los que conocen las zonas”, explicó Rivademar. Pero más allá de la participación ciudadana, ciertos aspectos vinculados a los 204 dispositivos que se adquirirán con recursos girados desde el Gobierno nacional vienen generando planteos desde la oposición.

Una de las primeras que salió a pedir explicaciones fue la concejal de la Coalición Cívica Susana Sánchez, que, en junio último, alertó que el Ejecutivo platense modificó las reglas cuando ya se habían vendido los pliegos licitatorios, y hubo compañías que quedaron en offside (al no poder cumplir las exigencias).

Lejos de agotarse, la polémica se extendió. Y en la sesión del miércoles último, Sánchez y su colega José Arteaga (Unión Celeste y Blanco) plantearon que más de $ 2,6 millones (de los cerca de $ 12 millones presupuestados) fueron destinados a la compra de patrullas y equipos de GPS “que no se ven en la calle”. No cuestionaron la utilidad de las cámaras, pero preguntaron cuántos vehículos compraron y a qué precios.

En respuesta a ese pedido de informes, la concejal Lorena Riesgo (del bloque oficialista) dijo que “el dinero se puede utilizar para las cámaras de seguridad, la financiación del sistema de monitoreo u otras herramientas de seguridad” (no necesariamente patrullas), ya que las acciones son fiscalizadas por el Ministerio de Seguridad.

Polémicas al margen, lo concreto es que la entidad que nuclea a los comerciantes de Tolosa, Ringuelet, City Bell, Gonnet y Villa Elisa analizará el “mapa tentativo” y marcará aquellos lugares en los que los dispositivos hacen más falta.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Villa Elisa, Antonio Pera Raposo, dijo a este medio que esta entidad ya presentó su propuesta y agregó que, sin dudas, los dispositivos “serán de gran utilidad”.

Según Rivademar, las primeras treinta de esta nueva tanda de cámaras comenzarán a instalarse “en veinte días”, con lo que se extenderá la prevención. El intendente Pablo Bruera ya había dicho que -con las que están instaladas y las que vendrán- “hacia fin de año” habrá 250 cámaras.

En el Municipio de Tigre, las cámaras se han revelado como una eficaz herramienta en la lucha contra la inseguridad.

El dato

En Capital Federal quieren llegar a los mil dispositivos

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya tiene 300 cámaras de seguridad urbana, distribuidas en más de veinte barrios, y, según adelantaron sus autoridades, hacia marzo próximo habrá alrededor

de mil.