Una ley de recálculo beneficiaría a 4.160 jubilados (mil de ellos, docentes) y significaría un impacto de entre 50 y 60 millones de pesos más por año para la caja jubilatoria.

La decisión se tomó en la reunión de bloque de este martes. Los jubilados docentes se habían reunido en febrero con con los diputados Martín Borthiry y Silvia Larreta para reclamar que se avance. La idea del recáluclo es resistida por el gobernador Oscar Mario Jorge. De hecho, esta semana el presidente de lnstituto de Seguridad Social, Miguel Tavella, advirtió que se puede pagar pero la medida desfinanciará la caja. “Acortará la vida útil de la caja”, le dijo a El Diario.

La comisión legislativa que tiene el proyecto se reunió ayer (foto). Resolvió enviar una nota a Tavella para que suministre información sobre el impacto financiero-económico de la medida. Sin embargo, los justicialistas resolvieron avanzar un paso este jueves.

El proyecto de resolución que el PJ intentará tratar sobre tablas este jueves fue presentado por la diputada del PJ, Carmen Bertone, la semana pasada. "Es un pedido para que se firme un convenio con nación relacionado con el financiamiento del instituto. Es el primer paso para, con esos fondos, encarar el recálculo para los jubilados", explicó una asesora de la legisladora.

Desde hace años los jubilados provinciales que obtuvieron el beneficio entre el 1º de enero 1996 y el 3 de setiembre de 2010 reclaman la sanción de una ley que los coloque en igualdad de condiciones con quienes se jubilan por la Ley 2.587, promulgada en septiembre de 2010.

Unos cuatro mil jubilados tienen un haber por debajo de quienes se jubilaron fuera de ese período. Reclaman una “reparación histórica”. Jubilados docentes del norte provincial ya presentaron demandas en la justicia para que se les reconozca la diferencia.

En su momento, el ISS, ante una sugerencia en la Comisión de Legislación Social de la Cámara de Diputados, adelantó el estudio actuarial que se hace cada cuatro años. “Arrojaba una cifra que acelera el quiebre financiero de la caja en muchos años”, dijo Tavella.

Según las estimaciones oficiales, el recálculo tendría un impacto de entre 50 y 60 millones de pesos más por año para la caja jubilatoria.

Cabe recordar que la ley 1671 fue la de Emergencia Previsional. La sancionó el gobierno del ex gobernador Rubén Marín. Los bajos salarios estatales y la falta de aportes, desinflaron los recursos de la Caja Jubilatoria provincial. La emergencia obligó a los jubilados a aportar el 7%, además de establecer un recálculo del haber jubilatorio con los haberes hasta el año 1985 (antes era los últimos tres años). Al momento de la sanción de la ley el recálculo fue de 10 años, pero llegó a incluir los últimos 24 años.

Con la ley 2.587, que rige desde 2010, se promedian los últimos diez sueldos del agente que se jubila.