El proyecto plantea la retención de licencia de conductor de modo preventivo, obedeciendo al espíritu de evitar que quienes provoquen un accidente en el que se registren decesos o lesiones continúen manejando hasta que la justicia penal determine su culpabilidad o inocencia, un proceso que puede insumir años.

En las primeras instancias de estudio de la iniciativa, se barajaban algunas dudas legales. Fue así que asesores letrados municipales y el secretario de Gobierno, Jorge Echelini, se abocaron al análisis jurídico que ampare esa nueva facultad para los tribunales de faltas y de poder de policía para el municipio, sin que esa prerrogativa contradiga la legislación penal.

De ese modo, y luego de un mes de estudio, Echelini informó ayer que la retención de licencia ya cobró forma firme de proyecto y fue remitido la semana pasada al cuerpo de representantes para su tratamiento formal, por lo que sólo resta su efectivo ingreso parlamentario en la sesión próxima.

El funcionario destacó que lo que se impulsa es una modificación a la ordenanza general de tránsito, agregando la posibilidad de tal sanción preventiva. De ese modo, la quita continuaría los canales ordinarios que se imponen a toda sanción, por lo que los jueces de faltas pueden disponer la medida.

LEY NACIONAL

“Fuimos muy cuidadosos, analizamos la Ley Nacional de Tránsito y encontramos que no hay a nuestro juicio algún elemento que nos prohíba avanzar con este tipo de medidas cautelares”, aclaró Echelini en su carácter de abogado. Agregó que se trata de un tema que merece discusión -en relación al contexto parlamentario- dado que toda vez que se avanza o se restringe un derecho, “es necesario hacerlo con conciencia”.

Debe destacarse que la medida sería de aplicación cuando se produzca un accidente fatal, o que ocasione lesiones gravísimas o graves, toda vez que ha mediado negligencia. Tal punto resulta de relevancia y sobre el mismo Echelini especificó que nadie está exento de verse involucrado en un accidente. Lo que se trata entonces es de abarcar con la sanción a aquel que “con absoluto desparpajo utiliza su vehículo como si fuera el dueño de la ciudad y causa consecuencias inevitables que después hay que lamentar”.

Una vez sancionada, la medida tendrá alcance sobre los registros de conductor radicados en la ciudad, debido a que para los procedentes de otras jurisdicciones -como el caso del camionero involucrado la semana pasada en la muerte a un joven docente en la ruta 3-, existen restricciones inevitables, ya que la actuación preventiva se enmarca en el poder de policía municipal.

“Los alcances son sólo sobre las licencias que nosotros otorgamos, en casos de las provenientes de otros municipios ya queda en manos de la justicia la posibilidad de comunicar, aunque dependeríamos de alguna ordenanza en la jurisdicción de origen”, puntualizó Echelini.

Hay que recordar que el proyecto de marras fue un compromiso asumido por el intendente Martín Buzzi el 24 de marzo, en el contexto de una reunión con Fabián Ramírez, padre de Franco, el pequeño fallecido como consecuencia de un accidente ocurrido el 9 de marzo en la avenida Alejandro Maíz de Kilómetro 8, que también cobró la vida de su hermanito recién nacido.