La comisión de Asuntos Constitucionales dio el aval para que el tema sea tratado en el recinto. La iniciativa cuenta con los votos del MPN, el PJ, la UCR y el interbloque Peronista Federal.
El dictamen fue emitido con el voto de los bloques del MPN, PJ, UCR y el Interbloque Peronista Federal, y fue girado a la comisión de Hacienda y Presupuesto.
En el debate por el uso de videocámaras, el diputado José Russo explicó que la iniciativa busca establecer un marco regulatorio para el funcionamiento de las cámaras en toda la provincia e hizo eje en la prevención de los delitos. Recordó que el municipio de Neuquén ya anunció la instalación de aparatos en distintos puntos de la ciudad y destacó que la regulación también alcanza las cámaras privadas.
Desde el PJ, Miguel Ángel Guidali consideró que la propuesta permitirá “alivianar la situación de inseguridad”. Por la UCR, Eduardo Benítez, subrayó las experiencias positivas que se registraron en Chaco, Mendoza, Tigre y Ciudad de Buenos Aires, y resaltó que la herramienta “sirvió para prevenir y aclarar delitos”. En sentido similar, su par de bancada, Marcelo Inaudi señaló que “todo lo que contribuya a optimizar la prevención en la vía pública es bienvenido”. A la vez, hizo observaciones a artículos del proyecto referidos a las atribuciones de los municipios.
En tanto, Horacio Rachid, de Opción Federal, expresó que la iniciativa “no tiene que ver con la protesta social, sino con la demanda social de seguridad de la población”. Antes, Paula Sánchez, de Libres del Sur, advirtió la necesidad de evaluar la efectividad del plan de seguridad ciudadana y dijo no estar de acuerdo “con orientar las cámaras a los lugares donde se realizan las protestas sociales”.
En su intervención, Soledad Martínez, de Alternativa Neuquina, rechazó la propuesta por considerar que la sanción de la ley es innecesaria ya que la seguridad es competencia de la provincia. También cuestionó que la reglamentación quede en manos de la autoridad de aplicación “si el objetivo de la ley es proteger a los ciudadanos”.
El proyecto controla las etapas de captación, grabación, tratamiento y custodia de imágenes para garantizar que su uso no afecte derechos y garantías de los ciudadanos. Complementa medidas dispuestas por el Plan de Gobierno de Seguridad Ciudadana y toma como base preceptos de la Ley Nacional de protección de Datos Personales N° 25.326, que protege datos personales inscriptos en archivos, registros, bancos de datos y otros medios técnicos.
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