La Cámara de Diputados de Santa Fe votó para la próxima reunión el tramo final del tratamiento del proyecto de ley "Marco de Lucha contra la Trata de Personas en la Provincia de Santa Fe", que propuso la diputada provincial del Bloque Federal, Alejandra Vucasovich.

Alejandra Vucasovich, presidenta del Bloque Federal, había ingresado esta iniciativa en 2008, pero al no obtener tratamiento parlamentario insistió con el proyecto de ley en el año 2011, donde obtuvo despacho favorable de las distintas comisiones. Ahora, con la preferencia votada para una sesión puede tener media sanción una normativa que le dará al Estado las herramientas necesarias para darle pelea frontal a esta pandemia social.

La legisladora señala que "dentro del territorio de Santa Fe el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad del Estado provincial respecto de la contención, asistencia y protección de los derechos de ésta".

Asimismo sostiene que "las personas víctimas de trata, en todos los casos, serán protegidas y su seguridad garantizada, aun cuando pudieran ser responsables de otros hechos cometidos bajo violencia física y/o moral que inhiba la capacidad de libre determinación, según la actual legislación nacional y que el acceso a la asistencia será voluntario y gratuito en todos los casos".

Propone crear "dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Poder Ejecutivo provincial la Secretaría para la Lucha contra la Trata de Personas y la Protección y Asistencia de las Víctimas de este delito, con el objeto de elaborar, proponer y ejecutar las políticas públicas destinadas a prevenir, detectar y combatir la trata de personas, y a adoptar las medidas tendientes a la protección y asistencia de las víctimas y sus familiares".

La iniciativa también contiene la ejecución de un Programa Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Protección y Asistencia a la Víctima y su Familia, cuyos objetivos serán entre otros "prevenir la trata de personas, garantizar el respeto, protección y ejercicio de los derechos humanos a las víctimas de la trata de personas y asegurar el acceso de las víctimas a servicios gratuitos de asistencia médica, psicológica, social y jurídica".