Avanza el proyecto para aplicar los juicios con jurados en la provincia

Esta semana el gobernador Daniel Scioli tendrá en sus manos el anteproyecto. Doce ciudadanos comunes deberán decidir si el imputado es culpable o inocente. Un juez letrado determinará luego el monto de la condena. Sólo se aplicará en casos de homicidios.
LA PLATA (Corresponsalía).- La Justicia bonaerense se encamina a resolver los homicidios y otros delitos a través de juicios por jurados, un sistema por el que doce ciudadanos sin formación jurídica deberán determinar si un acusado de asesinato es culpable o inocente.

Esta semana el gobernador Daniel Scioli tendrá en sus manos el anteproyecto que funcionarios de la Gobernación y el Ministerio de Justicia y seguridad están delineando con el aporte de organizaciones como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ).

Scioli analizará su anteproyecto oficial con referentes de la Justicia, académicos y legisladores antes de mandarlo a la Legislatura. Para los próximos días tiene prevista una reunión con el senador Osvaldo Goicoechea y el diputado Raúl Pérez, ambos ex jefes de las bancadas oficialistas en la Legislatura, que en mayo del año pasado presentaron un proyecto para establecer un modelo bien clásico de juicio por jurados. Será el primer acercamiento del proyecto oficial al Parlamento provincial antes de que el mandatario lo envíe formalmente para que sea discutido en foros de seguridad, como adelantó el vicegobernador Gabriel Mariotto.

Si bien el anteproyecto aun no está terminado por completo, fuentes del Gobierno provincial adelantaron a LA CAPITAL los lineamientos generales y algunas posiciones al respectos sobre como pretenden que funcione el sistema contemplado por la Constitución desde el año 1853.

Mayor participación

En el Gobierno provincial señalan que "el objetivo es que haya más participación de la ciudadanía" en las decisiones judiciales para que de algún modo queden legitimadas. "Cuando la gente tenga la posibilidad de ser protagonista va a entender mucho más el sentido de las decisiones que toman los tribunales", argumentan.

Los juicios por jurados serán para los casos de homicidios simples, homicidios calificados, torturas seguidas de muerte, robo seguido de muerte y delitos contra la integridad sexual seguido de muerte. "Son los delitos que conmocionan más pero que en números no son tantos si se tiene en cuenta las 30 mil sentencias que por año se dictan en todo concepto", afirman.

Según la "Estadística Criminal Año 2011" del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizada en base a los números que publica la Procuración General de la Suprema Corte, el año pasado los fiscales iniciaron 1.206 investigaciones penales preparatorias por estos tipos de delitos. En base a ello, en el Ejecutivo creen que podría haber alrededor de 500 casos por año que lleguen a la instancia de que un grupo de ciudadanos decidan la suerte de un acusado por haber cometido un delito grave.

Conformación del jurado

Según marcó el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, los juicios estarán compuestos por jurados clásicos de 12 miembros más el presidente del tribunal que será el juez letrado. Los miembros del jurado serán sorteados del padrón electoral. Se confeccionarán listas de 48 personas por cada uno de los departamentos judiciales y cuando se vaya a materializar un juicio se designarán por sorteo los 12 miembros que integrarán el jurado.

Los jurados no podrán ser funcionarios públicos, miembros de las fuerzas de seguridad, integrantes del Poder Judicial, ni tener título de abogado. "Lo que se busca es que el Jurado contenga la opinión de ciudadanos comunes y que estos ciudadanos comunes estén en un pie de igualdad para deliberar entre ellos sin que alguna persona que tenga más conocimientos técnicos pueda generar una influencia tan grande que determine una decisión en uno u otro sentido", fundamentó a este diario un funcionario del Gobierno que sigue de cerca el armado del proyecto.

En los juicios, el Jurado sólo pronunciará el veredicto. Es decir que los ciudadanos decidirán si el delito está probado y si el acusado es culpable o inocente. Si el Jurado declarara culpable al imputado, el Juez del Tribunal dictará la sentencia que implicará establecer la calificación jurídica que corresponde, analizar atenuantes y agravantes y dictar el monto de la pena.

Temas en debate

Según el anteproyecto oficial el veredicto de los jurados deberá estar fundamentado y podrá ser apelado, algo que se contrapone a la mirada de los juristas más clásicos que argumentan que no es necesario.

La mirada clásica anglosajona ve en los juicios por jurado un sistema de juicio directo que el pueblo ejerce sobre el acusado. Y por ser una "decisión soberana" no se puede apelar ni recurrir ante Casación o en segunda instancia.

"En nuestro contexto jurídico entendemos que, con los Pactos Internacionales incorporados a la Constitución, no sería admisible ese extremo", considera un funcionario del Gobierno con experiencia en el Poder Judicial.

El proyecto de ley más actual sobre el tema, presentado por Pérez y Goicoechea en la Cámara de Diputados, plantea que el veredicto del Jurado no necesita la expresión de la "convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados" para la valoración de la prueba, porque considera "obvio" que se hace conforme a la "intima convicción, inherente al jurado popular".

Para "superar la tensión entre el derecho a la revisión amplia y la íntima convicción" los legisladores plantearon la posibilidad de cuestionar "por vía indirecta la íntima convicción del Jurado" apelando en Casación a las instrucciones que el juez técnico le haya impartido", que podría abarcar cuestiones probatorias y jurídicas.

"A modo de compensación por ciertas limitaciones en cuanto al objeto recurrible -reconocen el diputado y el senador autores del proyecto- se prevé la irrecurribilidad del veredicto de no culpabilidad". Es decir que cuando el acusado sea declarado inocente el denunciante no podrá recurrir a Casación.

En el Gobierno aceptan que va a tener que haber algún debate sobre el tema, pero toman postura. "A mí si me toca ser imputado frente a un jurado y traigo tres testigos que dicen que yo no tengo nada que ver, me gustaría que los 12 ciudadanos, que van a tener la posibilidad de decidir mi suerte de prisión, me expliquen por qué no les creen a estos tres testigos. No me alcanza con discutir después, en el recurso, lo que decide el juez para tratar de tener dos años menos de prisión si yo soy inocente. El peor error que puede tener la Justicia es condenar a un inocente", ejemplifica una fuente alta fuente del Ejecutivo.

Debates cortos

El proyecto oficial remarcará sobre la necesidad de la "continuidad del debate" para la "ausencia de demoras" durante el juicio. "Aspiramos a que los debates duren pocos días", señalan desde la cartera de Justicia y Seguridad. "La mayoría de los casos, que están previstos para los homicidios simples, se resuelven en dos o tres días", aseguran. La agilidad de los juicios tiene otro objetivo alternativo: que el jurado lego (sin formación jurídica) no se canse.

Carga pública

La participación de los ciudadanos como miembros del jurado será considerada "carga pública". Será una prestación obligatoria al servicio de Justicia y se prevén viáticos y alojamiento en caso de ser necesario. A los empleados públicos se les concederán los días de licencia y seguirán cobrando su sueldo. La Suprema Corte determinará un monto de remuneración para el resto de los particulares.

Reserva y aislamiento

La iniciativa oficial contempla el compromiso de reserva que deben tener los miembros del jurado. El juez del Tribunal instruirá a los ciudadanos a no hablar con nadie acerca del caso y en relación a que la decisión debe basarse exclusivamente sobre lo que sucede en la audiencia, sin tener en cuenta comentarios externos o trascendidos de los medios de comunicación. Sólo en casos graves el presidente del Tribunal podrá disponer el aislamiento.

Sólo para el Fuero Penal

Los juicios por jurado serán sólo para delitos con asiento en los fueros penales. Según fuentes oficiales, se trata de un primer paso que requiere avanzar primero con causas graves que se prevén en el Código Penal que son, en general, de una prueba de poca valoración técnica. "Si uno pone delitos contra la administración pública requiere análisis de asientos contables, informáticos, reglamentaciones hasta ver hasta cuánto le alcanza la potestad al funcionario público. En un homicidio, independientemente de que sea más fácil o más difícil investigarlo, la prueba es una prueba sobre un hecho fáctico, concreto, que cualquier ciudadano puede percibirlo".

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