La iniciativa que fue acompañada por todos los bloques políticos y fusionada de dos proyectos existentes, propone modificar artículos del Código Civil y Comercial para permitir el uso de las llamadas “nuevas tecnologías”.

Concretamente establece que la Suprema Corte de Justicia provincial “reglamentará el uso de medios electrónicos para el diligenciamiento de informes de dominio y de anotaciones personales”.

También contempla “la anotación, modificación y levantamiento de cualquier medida que deba ser inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, repartición que deberá prestar la colaboración necesaria para su implementación”.

Los cambios establecen en general en cuanto a la subasta electrónica que “cualquiera sea la naturaleza de los bienes a subastar, el juez dispondrá la realización de una subasta electrónica, proceso interactivo de búsqueda de precio, mediante la puja simultánea entre distintos postores, realizada a través de Internet, mediante un programa automatizado revestido de adecuadas condiciones de seguridad, cuya información se transmite y procesa por medios electrónicos de comunicación, en las condiciones que fije, que deberán indicarse en los edictos y, en su caso, en la propaganda”.

A esos efectos, la Suprema Corte de Justicia reglamentará la subasta electrónica estando autorizada a delegar en las cámaras de apelaciones “la implementación del sistema”.