Se pretende evitar proveedores intermediarios y especulaciones. También reducir los tiempos para la adjudicación.
El ministro Francisco Gordillo, en una entrevista concedida la semana pasada a El Esquiú.com, adelantó que el gobierno estaba trabajando en la modificación de la Ley de Administración Financiera, porque al igual que el sistema de la Administración Pública, es obsoleto, y puntualizó que responde a la reforma del Estado que encaró el Gobierno, y que se complementa con la idea de racionalizar el gasto y direccionar recursos a los sectores más vulnerables
De acuerdo con lo que se conoció, Asesoría General de Gobierno y Contaduría General por pedido de la Gobernadora ya están trabajando en las modificaciones al sistema de reglamentación para reducir los tiempos y blanquear el sistema y evitar así la especulación y los intermediarios.
Uno de los cambios principales es cortar con los proveedores “volantes”, que son aquellos que inscriben en un amplio margen de rubros, que van desde lapiceras hasta camionetas 4x4. Ahora, quienes quieran trabajar con el Estado deben tener un sustento patrimonial y fundamentalmente depósito con la mercadería ofrecida. De esta manera, sostienen, evitan que los “intermediarios”, puedan ganar las licitaciones sin tener stock y posteriormente arreglar con los mayoristas para que los provean los productos.
Según explicaron, este sistema de comerciantes multirubro es una vieja práctica que viene del gobierno anterior. El mecanismo que utilizaban era conocer con anterioridad cuál era la oferta del gobierno sobre un producto determinado, presentarse con una oferta menor, lo que aseguraba ganar la licitación, y luego comprar la mercadería a los mayoristas obteniendo así una buena ganancia. “Los intermediarios son los que más se enriquecieron en estos años”, comentaron desde el gobierno.
El objetivo es reforzar el compre y contrate catamarqueño, ir reduciendo la lista de proveedores auténticos y fundamentalmente que no haya intermediarios de firmas mayoritarias. La gobernadora pretende terminar con el sistema corrupto de proveedores fantasmas, que no tenían ni oficina, pero que hicieron fortunas con el Estado, además de promover la igualdad de oportunidades.
Tiempos
Otros de los puntos a reformar es reducir los plazos de licitación y contratación, entre lo que no se descarta evitar el control previo del Tribunal de Cuentas, organismo que demora 90 días para aprobar la adjudicación. Como ejemplo dieron la licitación de las 1.300 viviendas, que desde hace tres meses se espera que el tribunal la apruebe.

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