La Comisión de Recursos Naturales y Conservación de la Cámara de Diputados firmó dictamen este lunes del proyecto de ley de Máximo Kirchner que prohíbe por 60 años los desarrollos inmobiliarios en tierras incendiadas, como también cualquier uso diferente al que tenían antes de convertirse en cenizas. 

La iniciativa fue firmada por diputados de bloques chicos como José Luis Ramón (Udeso) y Eduardo "Bali" Bucca (interbloque federal), que garantizan su aprobación en el recinto y su segura sanción en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia.

Cambiemos votó en contra, la consideró inocua y reprochó los fondos destinados al plan de manejo del fuego en el presupuesto 2021, que pidieron sin éxito garantizar en 0.2% del total en vez de financiarlo con una alícuota sobre la prima del seguro. Josefina Mendoza, de la UCR, propuso crear una comisión con profesionales para investigar los culpables de los incendios antes de tomar cualquier decisión. 

No fue tomada en cuenta por el oficialismo, que a partir de datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego informó que el 95% de las 900 mil hectáreas incendiadas en los últimos meses se debió a causas intencionales y con el aparente motivo de utilizarlas para negocios inmobiliarios, un plan que esta ley anularía.

Leonardo Grosso. 

El proyecto fue presentado hace un mes por el jefe del bloque oficialista, tiene sólo 4 artículos y el primero prohíbe por 60 años que en las zonas incendiadas se modifique "el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio", como también la "división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares".

Tampoco se puede vender o comercializar, ni realizar actividades agrícolas que sean distintas al uso o destino que la superficie tuviera al momento del incendio. La restricción será de 30 años cuando se trate de áreas donde "las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural". Por sugerencia de Cambiemos, se aclaró que los bosques nativos seguirán si poder tocarse.  

"Están defendiendo a los sectores que prenden fuego Argentina en función de sus intereses económicos y no lo pueden decir. Nosotros queremos el Estado al servicio de la gente; ustedes del mercado  y después mitigar lo que quede", se diferenció Leonardo Grosso, del frente de Todos, y presidente de la Comisión.

Están defendiendo a los sectores que prenden fuego Argentina en función de sus intereses económicos y no lo pueden decir. Nosotros queremos el Estado al servicio de la gente; ustedes del mercado y después mitigar lo que quede 

Más específica había sido su compañera Florencia Lampreabe. "Lo que están defendiendo es la apropiación y el negocio privado de unos pocos. Difícil no hacerlo: en el listado de los 300 responsables de desforestación figuran los Macri y los Peña Braun. Creo que hay conflicto de intereses", ironizó, en alusión a las familias del ex presidente y el jefe de Gabinete, identificadas en esa nómina por Greenpeace.  

El proyecto se iba a tratar la semana pasada, pero Grosso quedó varado en La Paz después de asistir como veedor a las elecciones presidenciales. Contó con el respaldo de "Jóvenes Por El Clima Argentina", una ONG que viene haciéndose escuchar en el parlamento.  

Una de sus defensoras fue la diputada Graciela Camaño, referente del interbloque federal, que esta vez disparó duro y parejo para Cambiemos. "El único problema que tiene este proyecto es su autor, porque provoca un prisma que no permite ver su contenido", se lamentó y mantuvo un duelo permanente con la radical Brenda Austin.

Calificó como "inconstitucional" su propuesta de crear un tribunal penal sobre temas ambientales y rechazó de plano su proyecto alternativo de cambiar el financiamiento del plan de manejo del fuego, que pidió votar al final de la reunión. "Es una maniobra más de la grieta". 

Austin sostuvo que existe una "disociación entre la herramienta y los objetivos que busca el proyecto", porque no va a cambiar la conducta delictiva que se intenta combatir. "No hay ninguna prevención: lo que van a pasar es que van a subdividir las tierras y lotearlas después", interpretó. 

Otra voz en contra fue la de la neuquina Alma Sapag, habitual aliada del oficialismo, que advirtió sobre una posible violación de la autonomía municipal al restringir su contralor sobre la subdivisión de terrenos. Ya había rechazado esa acusación la oficialista Daniela Vilar, una de las firmantes del proyecto.

"Si hay una tierra que tenía como destino la construcción de viviendas sociales, se puede hacer. Lo que pedimos es que no se pueda cambiar el uso que tenían, porque necesitamos la restauración de la biodiversidad. No hay que pensar del suelo para arriba; sino de sus servicios socioambientales", explicó. 

"Pretendemos evitar estos incendios sean con fines especulativos, porque se va a desincentivar ese uso. Planteamos que no se use el fuego como herramienta. Tan simple y de sentido común como eso", simplificó Vilar.