El fiscal Carlos Ordaz ordenó la realización de una pericia para determinar el perjuicio que le habría provocado al Estado Provincial un particular que utilizó las torres de Canal 3 para prestar el servicio de internet en algunas localidades de la provincia.

El año pasado, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia detectó que hubo algún delito en los desmanejos y descontroles que salieron a la luz en la Dirección de Comunicaciones. Por esa razón, el organismo a cargo de Juan Carlos Carola decidió formular una denuncia penal aunque no trascendieron detalles “para no entorpecer la investigación”.

La situación fue revelada en una investigación periodística de El Diario, cuando se descubrió que un particular, Renato Hondere, sin ningún tipo de autorización, utilizaba torres del Estado provincial para hacer su negocio.

“La causa fue iniciada por el fiscal Carola. A fines de diciembre realizó una denuncia penal por el uso de las antenas por parte de un particular, en principio”, explicó Ordaz, en diálogo con El Diario.

“Se trata de cuestiones muy técnicas por lo que se ordenaron pericias para determinar el perjuicio al estado”, dijo

El Poder Judicial tiene peritos que analizarán los elementos de prueba.

Cuando se publicó la investigación, Hondere no tenía convenio para utilizar las torres de Canal 3 y tampoco licencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones para prestar el servicio de Internet. En las localidades de Puelches y Casa de Piedra las antenas de la emisora estatal sirvieron de plataforma para que Hondere haga su negocio privado.

Aún con la denuncia pública y con la intervención de la FIA, Renato Hondere continuó prestando el servicio de Internet inalámbrico, en al menos dos localidades, usando las antenas de Canal 3.

Cuando se difundieron las irregularidades que ocurrían en la Dirección de Comunicaciones, el Gobierno Provincial echó del cargo a la directora de ese organismo oficial, Claudia Jáuregui.

Hondere era contratado como “torrista” por la Dirección de Comunicaciones, incluso se movilizaba en una camioneta de esa repartición. Ofrecía el servicio de Internet en localidades del oeste provincial a través de una empresa con el nombre de fantasía Redes del Sur. Se comprobó que, además de las torres de Puelches y Casa de Piedra, también utilizó la de Alpachiri. Además, en Cuchillo Có engañaron a la comuna ofreciendo un servicio de Internet satelital y cobrando $ 3.700 por mes, cuando en realidad usaban la fibra óptica del Gobierno y que administra la empresa Aguas del Colorado. La fibra la usaban de transporte.

Hay firmes sospechas de que el ancho de banda salía de una conexión de Internet de la Dirección de Comunicaciones. El sistema para transmitir era telefonía IP.

En Puelches, la Municipalidad le pagó $ 40.000 para armar la estructura de la empresa Redes del Sur en esa localidad a cambio del servicio de Internet gratis en la comuna. En ese lugar no gastaron un peso en la torre porque usan la de Canal 3.

Otra de las irregularidades que se destaparon fue el manejo irregular de los equipos de celulares que están destinados a los funcionarios del Gobierno Provincial, que eran retirados de la Dirección de Comunicaciones para uso de personas allegadas a esa área. Ocurría lo mismo con equipos para la transmisión de datos, que se utilizan para dar Internet.