La Justicia intenta dilucidar cómo ha sido invertido el dinero destinado para el desempeño de Prefectura en la ciudad. La Municipalidad se presentó como querellante y señalan que debe indagarse cómo la fuerza federal gastó los insumos otorgados.
De acuerdo a fuentes vinculadas con la investigación judicial, en los últimos días de la semana prestaron declaración testimonial dos personas y se esperan nuevos testigos para los próximos días. Sin embargo, informaron fuentes judiciales, en la prueba documental está la huella del delito. Ya estaría establecido el delito de malversación de fondos, aunque no está claro quién es el responsable y quién no cumplió la tarea de controlar los gastos.
El Atlántico lo consultó al secretario de Gobierno, Ariel Ciano, quien confirmó que el pasado jueves la Municipalidad realizó la presentación formal para ser querellante en la causa, tal como lo había adelantado 0223.com.ar. La intención, dijo, es “ayudar” en la investigación y aseguró que la Comuna “es la principal interesada en que se investigue”.
El funcionario municipal señaló que se investigará cómo gastó Prefectura los insumos que el Municipio les brindó. “Se dice que no habría la cantidad de efectivos que se dice, que el gasto de combustible es excesivo. Eso es lo que se investigará”, mencionó.
En este sentido señaló que a diario se otorgan mil litros de combustible, se pagan las reparaciones de los vehículos que la fuerza utiliza para trasladarse por toda la ciudad y el alojamiento de los efectivos, cuyo número varía entre 300 y 500 de acuerdo a cada mes. El detalle de esto, apuntó, está especificado en el link denominado “Inversión en Seguridad Pública” de la página web de la Municipalidad de General Pueyrredon, cuyo acceso es público.
En declaraciones al portal de noticias, Ciano explicó: “Querellante es una figura que admite el Código Procesal Penal para quienes son víctimas de un hecho. En este caso, la Municipalidad sería víctima si es que se configura lo que se ha denunciado, que tiene que ver con la utilización defectuosa, según señalan las fuentes que ha citado el Fiscal, de los elementos que ha brindado el Plan de Seguridad Ciudadana. Específicamente, se están investigando los gastos de prefectura”. Si bien, el funcionario aclaró que “no hemos notado ningún tipo de irregularidad, en ese caso nosotros habríamos hecho la presentación” en la Justicia.
LA RUTA DEL DINERO
A partir del anuncio de la puesta en marcha del Plan de Seguridad Ciudadana en marzo de 2009, el gobierno nacional dispuso una inversión de más de 200 millones de pesos destinados a la adquisición de cámaras de seguridad para mejorar la seguridad.
En el caso de General Pueyrredon, la Nación envió en junio del año pasado una primera partida de 13.800.000 pesos. De los cuales, más de la mitad habrían sido invertidos en la tarea que la Prefectura desarrolla en la ciudad.
El convenio firmado por Gustavo Pulti y Sergio Massa, entonces jefe de Gabinete de la Nación, destinaba la primera partida al Programa Integral de Protección Ciudadana. Según recordó el concejal Guillermo Schütrumpf (GEN) el dinero iba a destinarse a la compra de nuevos patrulleros, un centro de operaciones municipal, la adquisición de videocámaras, la contratación de personal retirado, y la implementación de un sistema de comunicaciones, para lo que se compraron mil equipos de comunicación.
El convenio firmado establecía que para cualquier otro gasto debía firmarse un protocolo adicional que recién fue rubricado este año. Mientras tanto se invirtieron varios millones de pesos en el alojamiento de los prefectos en el complejo hotelero de Chapadmalal, la compra de unas 40 baterías, gomas, filtros, y mil litros de combustible por día. De estos números surgen las primeras irregularidades, que fueron disparadoras de la investigación judicial: “Si son supuestamente seis o siete las camionetas, ¿para qué se requieren 40 baterías?”, interrogó el concejal. Además, se dijo que los 90 patrulleros de la Policía Bonaerense demandaban 1500 litros de combustible.
A partir de estas cuestiones, Schütrumpf -que ya había presentado un pedido de informes para conocer a quiénes se había dado los mil nextel adquiridos- decidió presentar un proyecto de Decreto promoviendo la creación de una Comisión Investigadora que determine cómo invirtió el municipio los casi $ 14 millones enviados por la Nación.
El edil del GEN señaló que no se cuenta con información precisa sobre cuántos prefectos hay en la ciudad, por ejemplo, y mencionó que las facturas que la firma Resaka elabora por el hospedaje de los hombres que patrullan las calles de Mar del Plata “las paga el Municipio”.
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